Ataques, chicanas y evasivas: la defensa de los funcionarios que cobran como jueces
A pesar del pedido del gobernador Rodolfo Suarez y de la sanción de una ley en la Legislatura provincial, aún no se han registrado cambios. Incluso, un grupo de funcionarios del Poder Judicial han iniciado acciones legales en contra de la norma que se aprobó hace más de un mes y que les quitaría el beneficio de cobrar sueldos de jueces. Los abogados Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone Cajal no solo han presentado una acción declarativa de certeza, la inconstitucionalidad de la ley y una medida cautelar, sino que afirman que la normativa está "teledirigida" a personas puntuales y que en su mayoría afecta a mujeres.
"Hablar de la secretaria de la Corte no es preciso o exacto. Es la responsable de la secretaría administrativa, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Corte e ingresó al Poder Judicial en 1982", subrayó Bustelo en diálogo con MDZ Radio en referencia a Elizabeth Carbajal. Se trata de la funcionaria que fue cuestionada por Rodolfo Suarez por cobrar un sueldo de bolsillo de 406 mil pesos por mes, superando incluso al menos a dos jueces de la Suprema Corte que ganan menos que ella.
"Hay que comprender nuestra representación e intervención en la causa por la profunda convicción de que estaremos en el lugar donde veamos un atropello o avasallamiento de derechos", remarcó el letrado defendiendo el derecho de que Elizabeth Carbajal, Eleonora Lamm, María Milagros Noli, Cristóbal López Maida y Romina Cucchi sigan cobrando como jueces por haber sido equiparados a magistrados.
Por su parte, la abogada Guadalupe Simone pidió no hablar de "equiparados a" o expedientes porque se pierde de vista que hay personas involucradas. "Detrás de cada uno de ellos hay familias, hijos, hijas, padres, madres. Esto implica, como se imaginarán todos, una cuestión bastante fuerte desde el nivel personal y del honor de cada una de estas personas", subrayó. "Se habla como si fuese un expediente pero son personas con años de trayectoria", agregó en este sentido.
Pero incluso fue un paso más allá y apuntó contra la ley aprobada en la Legislatura porque muchas de las personas que perderían el beneficio de percibir salarios de jueces serían mujeres. "Gran parte son mujeres que han llegado a cargos muy importantes luego de una carrera y trayectoria no de un día para otro, creo que eso también les molesta", aseveró.
En concreto se trata de funcionarios que desde hace años se desempeñan en el Poder Judicial a cargo de secretarías, direcciones y subdirecciones. Pese a tener funciones administrativas por acordada de jueces de la Corte se dispuso que perciban salarios equivalentes a jueces de cámara y magistrados de primera instancia. Lo cuestionable es que mientras algunos directores tienen ese privilegio, otros no están equiparados.
Al ser consultado sobre esa inequidad en particular, Bustelo defendió la autoridad del Poder Judicial para disponer la existencia de la figura de "equiparados". "Se pone nombre o número a un salario que consideran que debe tener una persona en ejercicio de una función. Para ello se habla del cargo 'equivalente a'. Uno puede coincidir o no con la decisión que se tomó -desde el año 2000- y se puede cuestionar el salario de cualquier prestador público. Pero no descalificar de por si la situación de que se haya utilizado el término 'equiparado a magistrado'", respondió el abogado y agregó que en todos los poderes del Estado se fijan salarios por equiparaciones.
En este sentido, pidió que si se quiere avanzar a una reorganización administrativa de la Justicia se haga por los canales correspondientes y "que se respete los derechos adquiridos" al ordenar un régimen nuevo de remuneraciones. En otras palabras, en caso de entender que hay que corregir algo se haga a través de la propia Justicia y sin tocar los beneficios que ya perciben empleados que cobran como jueces.
"La principal objeción que le vemos a esta ley además de afectar derechos adquiridos a gente que lleva años y que ha rendido concurso", aseveró Bustelo y dijo que la ley "está teledirigida". "Es decir se selecciona a las personas a las que se castiga y se expone al lógico escarnio público", manifestó.
En concreto hace referencia a otros equiparados a magistrados como el secretario de la Junta Electoral Jorge Albarracín que a pesar de la ley aprobada en la Legislatura seguirá teniendo un sueldo de juez pese a no serlo.
"Hay muchas situaciones que están en paridad pero que quedan afuera por motivos que escapan a nosotros y no hacen a nuestro planteo", adhirió. "La ciudadanía tiene derecho a ver y decir si algo está bien o está mal. Pero en una provincia que se jacta de su institucionalidad hay que hacer las cosas como corresponde", remarcó en el programa Sonría lo estamos filmando.
"Una ley no puede decir que todo lo que se hizo desde el 2000 hasta ahora está mal, porque eso es juzgar y no es potestad de la Legislatura. Eso lo debe hacer el Poder Judicial. Si hay alguna duda de si hay algo que está bien o mal, lo decide la Justicia. y si a la Legislatura o al gobernador le parece que hay algo que está mal, lo debe plantear en la Justicia", remarcó.
"Nosotros coincidimos en que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cobra cada funcionario público. El Estado tiene que ser una caja transparente y debe saberse todo incluso cuánto cobran. Pero no ha sido la manera o el camino el que se ha decidido a través de esta ley", manifestó Guadalupe Simone Cajal.
Pero al mismo tiempo, reconoció que la organización jerárquica que hoy existe en el Poder Judicial está lejos de ser ordenada. "Existen otras formas de organizar administrativamente el poder judicial. Es lógico que la realidad va superando a las instituciones y su organización. El crecimiento en los últimos 20 años del Poder Judicial y de la Corte ha llevado a que se haya hecho una reorganización en el camino. Es por eso que no existe un escalafón y una organización propia de la parte administrativa", admitió. "Pero esta ley no soluciona nada. Sigue atando con alambre una situación que es preexistente", manifestó.
"Lo que defendemos es que esta situación no puede impactar consolidando injusticias. Si el objetivo es hacer una estructura igualitaria en todas las direcciones y sectores así debe hacerse. No se puede emparchar discriminando una situación de la otra. No lo podemos permitir", sumó Bustelo.
"Esta ley mantiene cargos de equiparados y se dice que es un ahorro y es todo lo contrario. Si en ese esquema, a la Suprema Corte le parece que están mal los salarios, habrá que ver caso por caso y sin recortar derechos adquiridos. Lo debe definir cada Poder", finalizó.
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