Con total incertidumbre, Suarez avanza con "la obra del siglo"

En medio de un altísimo nivel de incertidumbre, un escenario inesperado hace menos de dos meses, el gobierno de Rodolfo Suarez dará la señal contundente este viernes de que seguirá adelante con el proceso para hacer la presa Portezuelo del Viento.

Y en ese sentido, más allá de que la obra corre riesgo de frenarse por el conflicto planteado otra vez por La Pampa, el gobernador encabezará el acto de apertura de los sobres tanto de los antecedentes, como de las ofertas económicas y técnicas de, seguramente, la única unión de empresas que mostró interés definitivo por quedarse con el negocio de U$S 700 millones.

El acto será a las diez de la mañana en Casa de Gobierno y se develará finalmente que la empresa china Sinohydro, un gigante asiático que ya ganó en 2019 la licitación para construir el dique El Tambolar en San Juan, será la cabeza del consorcio donde, además, estarán IMPSA (que quedará a cargo de las turbinas eléctricas) y otras dos empresas mendocinas como subsidiarias: CEOSA y Obras Andinas.

Las dudas acerca del futuro de la obra están generadas por la decisión de Alberto Fernández de reabrir, a pedido de los pampeanos, la discusión por los estudios de impacto ambiental en el marco del Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO) que podría provocar, llegado el caso, que independientemente de la decisión política que tenga, Suarez, se vea forzado a demorar el proceso e incluso a postergar la adjudicación que está prevista para antes de fines de este año.

El lunes por la mañana hubo un contacto indirecto entre el presidente y el gobernador por este conflicto. Fue durante una reunión que Suarez había convocado a legisladores nacionales y provinciales del oficialismo, sonó el teléfono del senador Julio Cobos y del otro lado de la línea estaba Alberto.

El nexo para la comunicación lo estableció Mario Meoni, el actual ministro de Transporte, de buena relación con Cobos desde hace más de una década cuando ambos eran referentes a nivel nacional del radicalismo K en época de la transversalidad impulsada por Néstor Kirchner.

Cobos le reiteró al primer mandatario en esa comunicación las mismas argumentaciones técnicas de por qué Mendoza no puede quedar envuelta en la demora de su obra más importante, por un reclamo que los pampeanos vienen realizando en relación a la necesidad de efectuar nuevamente una serie de estudios de impacto ambiental que, desde aquí, consideran cosa juzgada dentro del COIRCO.

El presidente escuchó, tomó nota del planteo pero no anticipó ninguna definición. Es más: Cobos trasladó inmediatamente a Suarez el contenido de la charla y como resultado solo se acumularon incógnitas acerca de sobre qué temas y cuándo laudará efectivamente Fernández en este conflicto y en el marco del comité interprovincial que administra la cuenca del Colorado.

Dos cuestiones, al menos, es lo que pretende La Pampa. Una es la realización de nuevos estudios de impacto ambiental y la otra es la concreción de una audiencia pública a nivel nacional para discutir allí el proyecto.

Los pampeanos aspiran a que los nuevos estudios de impacto ambiental se realicen bajo el amparo de la ley 23.879, que fue sancionada por el Congreso en los 90, y que estableció, entre otros aspectos, la obligatoriedad de que los estudios de impacto ambiental para la construcción de represas hidroeléctricas en el país sean avalados por tres ministerios al menos. Esto, sin dudas, le imprimirá un retraso eterno a la obra si Alberto lauda en ese sentido.

Con respecto a la audiencia pública nacional, Mendoza nunca consideró necesaria hacerla porque la licitación está siendo administrada por la provincia. Sin embargo no habrá remedio: este paso está incluido en el acuerdo firmado para lograr el financiamiento de la represa durante el gobierno de Mauricio Macri y a instancias del entonces ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Sin embargo el resultado de esta audiencia no será determinante, ya que está establecido que sus conclusiones no serán vinculantes.

El próximo 28 de julio será un día clave, porque el gobierno nacional deberá efectuar el cuarto desembolso del bono emitido en 2019 por U$S 1.023 millones, que no son otra cosa que los recursos disponibles para avanzar con la construcción del dique.

Son US$ 18,5 millones y desde la provincia tienen una convicción: el presidente no tiene alternativa más que pagar y no solo porque se trata de una deuda asumida el Estado nacional que no esta sujeta a una decisión política. Sino que además, como está fijado en el acuerdo firmado el año pasado, Mendoza recibe esos fondos para hacer no solo Portezuelo, sino que también “otras obras hídricas”.

La apertura de sobres de este viernes dejará al desnudo otro problema que poco tiene que ver con la decisión tan controvertida tomada nivel nacional que le podría poner freno a la obra. A principios de mayo surgieron duda vinculadas a la transparencia del proceso y las sospechas de que la licitación, como fue estructurada, estaba direccionada para que Impsa consiguiera un socio chino y terminara ganando.

Cuando esta posibilidad se agitó, el gobierno reaccionó. Por un lado prorrogó algo más de un mes el acto de presentación de ofertas y, si bien no viabilizó un cambio directo en el pliego, habilitó una interpretación que generó una apertura que permitiría una mayor participación en la licitación para empresas nacionales, fundamentalmente.

Lo que se hizo fue anunciarle a las empresas que se flexibilizaba uno de los requisitos más duros de las condiciones para licitar y que eran los antecedentes exigidos para quienes lideraran el consorcio. Según se les dijo, se permitía que sumaran como antecedentes grandes obras de infraestructura y no necesariamente tres diques, situación que solo favorecía a empresas chinas. Con esta corrección Techint, por caso, decidió jugar y comenzó a trabajar en su propuesta y avanzar en la compra de los pliegos.

Sin embargo esa promesa no se concretó en los papeles y el grupo multinacional no avanzó. Desde hace más de un mes, reconocen en el Gobierno, no llamó nunca más nadie preguntando por los pliegos.