Expropiación de Penitentes: así seguirá la historia

El futuro de Penitentes se empezó a aclarar un poco esta semana. El decreto de la expropiación de los terrenos confirmó el camino iniciado el año pasado, cuando el oficialismo impuso en la Legislatura la ley para declarar de utilidad pública los terrenos que pertenecían a la familia López Frugoni. 

Los próximos pasos se desarrollarán en dos planos. Por un lado, el Poder Ejecutivo deberá llamar a licitación para crear un centro de deportes en la zona donde estaban las pistas de esquí. Será una "licitación internacional", prometen, que no demorará demasiado en concretarse, más allá de que el Ministerio de Turismo ha dejado este tema para la pospandemia y para cuando tenga claro cómo funcionará el turismo de aquí en adelante.

Por otro lado, en la Justicia provincial, deberá completar el trámite de la expropiación, que exige la actuación de otro juez y en el que deberá definirse el acuerdo económico con el privado.

El Gobierno seguramente buscará pagar solo lo que establece el avalúo fiscal: algo más de 4 millones de pesos. Es esperable que esto genere un pleito que, de todos modos, no pondrá en duda la expropiación en sí, sino el pago.

Eso sí, todo indica que el Poder Ejecutivo renunciará a una cláusula que se había establecido en la ley de expropiación: la compensación del pago de los terrenos con las deudas impositivas que "Los Penitentes Centro de Esquí" tiene con el Estado provincial.

El decreto de expropiación que se publicó esta semana mencionaba un cómputo de deudas por más de 4,5 millones de pesos (aunque el Ejecutivo dice que la empresa debe más todavía), pero el Gobierno buscaría cobrar esa deuda por una ventanilla diferente.

Esto a pesar de que el artículo 3 de la ley 9175 autoriza “al sujeto expropiante a compensar los créditos líquidos y exigibles que tenga para con los sujetos expropiados, con el precio de la expropiación y/o las indemnizaciones a abonar a aquellos”.

La defensa de López Frugoni había señalado en ese sentido que esta imposición era confiscatoria y que violaba el artículo 930 del Código Civil y Comercial, que prohíbe compensar créditos entre el Estado y los particulares.

La historia de Penitentes tiene ya varios capítulos. Primero el Gobierno le quitó al privado la concesión que tenía desde los años '70 y luego avanzó, por ley, con la expropiación de todos los terrenos que tenia desde aquella época. 

Según el Gobierno, el delay que se produjo entre la sanción de la ley 9175 y el decreto de expropiación, que surgió esta semana, tuvo que ver con la causa judicial planteada por los López Frugoni en contra del rechazo a la prórroga de la concesión que había decretado el Poder Ejecutivo. "Recién en marzo la Corte provincial rechazó el recurso extraordinario para ir a la Corte Nacional", explicó un funcionario.

A pesar de que los privados dicen que el litigio sigue abierto, porque acudieron en queja a la Corte Nacional, desde el Ejecutivo sostienen que el fallo local que rechazó el recurso extraordinario habilitaba al Gobierno para avanzar definitivamente con la expropiación.

La historia seguirá en tribunales, mientras el gobierno de Rodolfo Suarez evalúa qué hacer con los terrenos que Alfredo Cornejo dispuso recuperar, antes de que la pandemia tirara abajo el turismo.