Robó, pero no tiene "ninguna inhibición" para trabajar en un municipio

Robó, pero no tiene "ninguna inhibición" para trabajar en un municipio

La Municipalidad de Godoy Cruz buscó aclarar por qué Corina Gallardo, una ex empleada de Vialidad castigada por el Tribunal de Cuentas por una estafa millonaria, pudo retornar a un puesto en la comuna. Según el comunicado, "debemos esperar el resultado de la investigación penal" para expulsarla.

MDZ Política

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La Municipalidad de Godoy Cruz buscó aclarar por qué Corina Gallardo, una ex empleada de Vialidad castigada por el Tribunal de Cuentas por una estafa millonaria, pudo retornar a un puesto en la comuna.

Según el comunicado, el municipio debe "esperar el resultado de la investigación penal" para poder expulsarla, ya que está protegida por el Estatuto del Empleado Público.

También le envió un mensaje al PJ, que denunció la "reubicación" estatal de Gallardo en un municipio radical: "Si lo consideran pertinente trabajen en una norma que modifique el estatuto del empleado público para poder resolver de una manera acabada situaciones de este tipo mientras se aguardan las resoluciones judiciales correspondientes".

A continuación, el comunicado de prensa completo, que no tiene la firma del intendente Tadeo García Zalazar

Atento a lo señalado por legisladores del Frente de Todos en relación a la situación que reviste la agente Corina Gallardo en el Municipio de Godoy Cruz consideramos importante realizar algunas consideraciones. 

En primer lugar, Gallardo efectivamente tiene un cargo de planta en esta Municipalidad que fue reservado cuando pasó a cumplir funciones en la Dirección Provincial de Vialidad.

Una vez concluido su vínculo con esa dependencia provincial la agente regreso al municipio y fue reincorporada y destinada a prestar servicios en la Secretaría de Desarrollo Humano, porque no había ninguna inhibición en su contra que lo impidiera, atento a que como todo empleado público tiene estabilidad en su cargo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 5892.

En segundo lugar, no somos ajenos ni desconocemos las sanciones que desde el Tribunal de Cuentas pesan sobre esta agente pública, pero debemos aguardar una resolución judicial al respecto.

La ley 5892 en su artículo 42 establece como causales de exoneración de un agente público: a) delito cometido en contra de la administración en la que el agente presta el servicio; b) resistencia a la autoridad o incumplimiento intencional de ordenes legales, en el servicio; c) condena judicial por delitos dolosos en cuyos tipos penales, los bienes protegidos sean: la vida, la salud de la población, la propiedad pública, la seguridad o la libertad de los individuos.

En tercer lugar, y en virtud de la estabilidad referida en el párrafo anterior debemos esperar el resultado de la investigación penal pertinente, la que, en caso de contener en la condena, la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, cesaría en su cargo inmediatamente.

Suponemos que los legisladores de la oposición conocen la ley referida y en todo caso los instamos a que si lo consideran pertinente trabajen en una norma que modifique el estatuto del empleado público para poder resolver de una manera acabada situaciones de este tipo mientras se aguardan las resoluciones judiciales correspondientes.

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