Duras críticas

La UCR, con los tapones de punta: lanzan un comunicado contra el Gobierno por "violencia institucional"

Firmado por Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, el comunicado apunta directamente contra las "conductas violentas y arbitrarias de la fuerza policial en todo el país".

Redacción MDZ
Redacción MDZ miércoles, 15 de julio de 2020 · 15:57 hs
La UCR, con los tapones de punta: lanzan un comunicado contra el Gobierno por "violencia institucional"

La Unión Cívica Radical emitió un nuevo comunicado contra el Gobierno Nacional y particularmente con el de la provincia de Buenos Aires, firmado por sus autoridades, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff

En el mismo, acusan al oficialismo de "violencia institucional" y puntualmente "alertan sobre el aumento de la violencia en manos de las fuerzas de seguridad".

La crítica parte de un informe del Comité Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en donde se especifican las muertes de civiles a mano de la Policía durante el mes de junio, en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. 

"La falta de controles institucionales y de medidas preventivas de las fuerzas de seguridad provinciales, así como también la ausencia de liderazgo y coordinación a nivel nacional para cuidar la vida de los argentinos, especialmente de los más vulnerables", destacan.

El comunicado completo: 

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y los Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical alertan sobre el aumento de la violencia en manos de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con un informe del Comité Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, solamente durante el mes de junio se produjo una muerte cada 40 horas por uso de la fuerza ¿policial? En total, fueron 18 muertes las relevadas, la mayoría correspondían a varones, jóvenes y pobres.

La cifra concuerda con la profundización de un despliegue de las fuerzas policiales durante la cuarentena en todo el país caracterizada por conductas más violentas y arbitrarias. Llama la atención que durante estos meses el Gobierno Nacional no respondió ningún pedido de informes requerido por el Congreso, ni tampoco pedidos de acceso a la información acerca de la violencia institucional que ya hemos denunciado con anterioridad respecto a hechos ocurridos en distintos puntos de nuestro país.

Los casos que más se han destacado en la opinión pública han sido las muertes injustificables de Florencia Magalí Morales, Franco Maranguello, Mauro Coronel, Luis Armando Espinoza, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Walter Ceferino Nadal, Lucas Nahuel Verón y Raúl Dávila.

A estas trágicas muertes de personas por culpa de la brutalidad policial se suman los 75 días que lleva desaparecido Facundo Astudillo Correa, visto por última vez cuando fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La comunidad internacional ya ha mostrado preocupación por este hecho que nos angustia y alarma. Esta semana, Naciones Unidad exigió a las autoridades argentinas “exhaustividad e inmediatez” para saber qué pasó con Facundo.

La mera enumeración de casos pone de manifiesto la falta de controles institucionales y de medidas preventivas de las fuerzas de seguridad provinciales, así como también la ausencia de liderazgo y coordinación a nivel nacional para cuidar la vida de los argentinos, especialmente de los más vulnerables.

Desde la gestión del nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires, se reincorporaron 300 policías, por decisión del ministro Sergio Berni, para realizar tareas en el marco de la pandemia. Los mismos formaban parte de los 13.000 agentes que fueron apartados de la Policía bonaerense por la gestión de Cambiemos, investigados por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros casos de alta gravedad institucional.

Desde la Unión Cívica Radical exigimos al Gobierno nacional actuar de forma urgente para frenar esta ola de violencia institucional que arrebata la vida de nuestros compatriotas. La pandemia de ninguna manera justifica el accionar desmadrado de las fuerzas de seguridad. La integridad física de las personas no puede peligrar por responsabilidad de quienes deberían velar por su seguridad. 

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