La consecuencia de la emergencia que perjudica a muchos mendocinos

La pandemia de coronavirus alteró todos los órdenes de la vida y la lógica institucional también. Mendoza está en emergencia "total" a causa de la situación y eso le transfirió al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias que incluso avanzan sobre decisiones del Poder Judicial. En ese camino hay muchos mendocinos que ven afectados sus intereses, entre ellos quienes esperan cobrar un juicio u otro tipo de obligaciones que el Estado tenga con ellos: por el Decreto y la ley de emergencia, se ordenó suspender pagos, sentencias contra el Estado y hasta medidas precautorias. 

Esa disposición ya tiene efectos. Los abogados de todas las reparticiones del Estado hacen uso de esa cláusula para pedirle a la Suprema Corte y a otros juzgados que "ordenen la suspensión de la obligación de cumplir con los pagos". Es decir una amnistía de pagos para las obligaciones internas. 

En los escritos judiciales se reconoce también la falta de recursos. "Habiendo una imposibilidad económica de cumplir en tiempo y forma con lo ordenado, es que solicito se ordene la suspensión de la obligación de cumplir con el pago correspondiente hasta que pueda contarse con partida presupuestaria suficiente", dice uno de los escritos presentado, en ese caso, por un abogado de la Dirección General de Escuelas que pidió no pagarle la sentencia a una docente que reclamaba diferencias salariales. Incluso en esa causa el Estado ya estaba en mora y la Corte había impuesto una multa de 1000 pesos por día de demora en el pago. 

Entre las personas afectadas por la suspensión de pagos están quienes tienen juicios por daños y perjuicios u otro tipo de reclamos, como las Acciones Procesales Administrativas que se presentan ante la Suprema Corte. Allí hay muchos empleados del Estado que reclaman diferencias salariales y otros emolumentos cuya ejecución está suspendida. Incluso se declararon inembargables las cuentas del Estado. 

Lo que dice la ley

El Gobierno de la provincia declaró en la primera quincena en marzo la emergencia sanitaria. Pero luego, cuando se estableció el aislamiento obligatorio, Suarez avanzó con la "emergencia total", declarando ese estado a nivel social, administrativo, económico y financiero. Con el Decreto 401, refrendado luego por ley, se otorgan amplias facultades al Ejecutivo para suspender procesos y para esquivar obligaciones.

"Declárense inembargables, mientras dure la emergencia, todas las cuentas bancarias, fondos de coparticipación federal y bienes del Estado Provincial ...debiendo los tribunales competentes en cada caso, de oficio o a pedido de parte, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares y ejecutivas que se hubieren trabado y la restitución de las sumas embargadas y pendientes de libramiento en su caso", dice al artículo 3 del Decreto. "Suspéndanse, por el periodo de vigencia de la emergencia, todos los procesos de ejecución de sentencia contra la Provincia de Mendoza y demás organismos establecidos en el artículo 4º de la Ley Nro. 8706 y sus modificatorias", agrega el artículo siguiente. 

La provincia tiene problemas financieros. Tanto, que dejó de pagar y está en proceso de renegociación de la deuda y prorrogó el pago del aguinaldo a los empleados estatales.