Internet y la telefonía móvil son Servicios Públicos

Por Jorge Difonso/ Diputado provincial

El país, y por lo tanto nuestra provincia de Mendoza, está atravesando una pandemia sin precedentes, al igual que todos los países del mundo. En ese marco rigen medidas que tienen que ver con el aislamiento social, con sus consecuencias. Miles de personas imposibilitadas de asistir a su lugar de trabajo en forma presencial, alumnos sin asistir a sus aulas, y cada actividad se ve restringida o limitada por esta circunstancia.

No obstante ello, mediante el servicio de internet y de telefonía móvil, muchas actividades han encontrado una forma de desarrollarse, aunque todas las actividades económicas y educativas se ven reducidas con el fin de proteger la salud de las personas.

En algunos casos, en los organismos de defensa del consumidor, se realizan planteos por parte de usuarios de servicios esenciales respecto de su alto costo o inaccesisibilidad.

El servicio de la telefonía fija es un servicio público, cosa que no ocurre con la telefonía móvil e internet, cuando en realidad no existen diferencias notables, es más, el sistema de telefonía fija prácticamente ha sido reemplazado por el móvil e internet. En la actualidad, el domicilio físico ha sido prácticamente reemplazado por el domicilio electrónico, lo que abona en fundamento para acceder a internet y a través de este servicio, al correo electrónico como casilla postal.

En ese sentido, ha habido en nuestra provincia otros intentos infructuosos de declarar la telefonía móvil como un servicio publico, como así también en al país. El régimen de los SERVICIOS PÚBLICOS otorga características fundamentales en cualquier época y más aún en el medio de una Pandemia.

Al no ser declarados éstos como Servicio Público, manteniéndose en la esfera del derecho privado, han generado conflictos múltiples respecto a la contratación (por adhesión) conductas oligopólicas, altas tarifas, baja calidad, etc.

Con esta pandemia, y por tanto la cuarentena declarada, es fundamental que estos servicios sean declarados SERVICIOS PÚBLICOS, esenciales y estratégicos para que la educación, el trabajo, las relaciones familiares, etc, no sean afectadas. Por medio de los medios tecnológicos de comunicación (llamadas, videoconferencias, mensajes, correo electrónico, redes sociales, zoom, etc) se garantizan derechos de nuestra población.

Los abonos deben ser considerados tarifas públicas, sujetos a audiencias públicas y demás controles participativos tendientes a conseguir precios justos y razonables.

Hoy existen fallos judiciales y una amplia doctrina que considera a internet y la telefonía móvil un Servicio Esencial. Ello en virtud de su propia naturaleza, de la necesaria continuidad de su prestación en el tiempo, de que debe ser regular, manteniendo un estándar mínimo de calidad y necesariamente su acceso debe darse en condiciones de igualdad. Nuestra doctrina manifiesta que Servicio Público es aquella actividad propia del Estado, de prestación positiva, con la cual se asegura la ejecución regular y continua, por su parte o por delegación, de un servicio indispensable para la vida social.

En esta línea, así como debe ser un fin del Estado garantizar el acceso a los servicios de educación, salud, tambien creemos indispensable que se garantice el acceso a la telefonía móvil e internet.

Es necesario incorporar, mediante la declaración de Servicio Público, a la telefonía móvil e internet, al quehacer del Estado y excluirlo de la esfera de la acción exclusiva de los particulares. Debe aplicárseles a los mismos el régimen de derecho público para que se garantice su continuidad, habitualidad, profesionalidad y uniformidad.

La presencia del Estado debe ser indelegable en la asistencia a la ciudadanía, con especial atención en los sectores más vulnerables, no dejándolos a la merced de grandes empresas y de sus intereses económicos, evitando abusos y cláusulas leoninas. El Poder Legislativo debe observar y procurar coherencia respecto de las normas con las realidades sociales, más aún cuando existe un interés general.

Todo ello, es parte de la actualización permanente que debe tener nuestro sistema normativo y adecuarse a estos tiempos.