El pliego de Day: el gobierno pegará el faltazo a la audiencia en la Corte

El gobierno tensó la cuerda y decidió finalmente no asistir este martes a la audiencia de conciliación que la Suprema Corte de Justicia había convocado para avanzar en la resolución del conflicto planteado por un grupo de senadores del PJ, que entiende que la candidata de Rodolfo Suarez a ocupar un sillón en el máximo tribunal, María Teresa Day, no cumple con los requisitos constitucionales para aspirar al cargo.

Así lo comunicó formalmente este lunes por la tarde el vicegobernador, Mario Abed, a través de un escrito que ingresó por Mesa de Entradas en el cuarto piso de Tribunales, en donde se sostuvo que la ausencia en la audiencia se debe a que se opone “expresamente y no consiento la actuación de esa Corte en un proceso de carácter institucional, político y de raigambre Constitucional, como lo es la designación de un miembro de la Suprema Corte, donde expresamente queda reservado a la actividad de otros poderes que conforman el Estado Provincial y vedado a Vuestra Revisión”.

En una extensa presentación de casi 17 carillas, Abed además plantea la necesidad de un fallo plenario de la Corte para resolver la medida cautelar presentada por el peronismo, que apunta a suspender la votación secreta de Day prevista para el próximo día 30 en el Senado. Y además, en caso de que el tribunal no habilite a la totalidad de sus miembros para dictar esta sentencia, anticipó que el gobierno recusará a los jueces Mario Adaro y Omar Palermo que integran la sala que deberá decidir en este conflicto.

Será díficil para el vicegobernador obtener el fallo plenario. Esa decisión está en manos del presidente de la Corte, Julio Gómez o del propio Palermo. La recusación del oficialismo para Adaro es singular: el juez de extracción peronista tuvo términos elogiosos para la designación de Day. Sin embargo “no dudamos que este magistrado se excusará de intervenir luego de su favorable opinión respecto de la postulante”, escribió Abed.

La semana pasada el peronismo presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte, para que esta determine si la candidata de Suarez cumple el requisito constitucional exigido por el artículo 150 de la Carta Magna de haber ejercido al menos 10 años como abogada para poder ser aspirante a una magistratura.

Sabido es que se recibió en 1995 y trabaja desde hace 25 años en el Poder Judicial, pero hay quienes entienden que nunca como profesional del derecho. Los senadores peronistas presentaron asimismo una medida cautelar que la Corte deberá resolver antes del lunes próximo y en donde directamente plantearon que se impida la votación en la Cámara Alta por estas presuntas irregularidades.

Por otro andarivel, un grupo de organizaciones de Derechos Humanos de Mendoza también objetó hoy la designación de la actual número dos del Ministerio Público por los mismos argumentos pero con una estrategia distinta, También ante la Corte, hicieron un planteo pero en este caso fue por el decreto que firmó Suarez para el envío del pliego al Senado.

Si la Corte decide frenar ese proceso en los próximos días, la jugada estará cargada de un altísimo riesgo institucional. Y entienden en su seno que una decisión de semejante envergadura política, podría terminar dándole al Gobierno los argumentos que necesita para avanzar en su postura de que estamos en presencia de un conflicto entre poderes.

Según el vicegobernador “la medida pretendida por lo actores resulta improcedente puesto que la admisión de la misma implicaría la lisa y llana violación del principio de división de poderes, con la intromisión del Poder Judicial en cuestiones que escapan a su competencia y que son resorte exclusivo de la Cámara de Senadores”. En este sentido, para el Gobierno, el Senado es suficiente juez al aprobar el pliego de la postulante.

Sin embargo, y ya en la cuestión de fondo, la Corte entiende que los planteos de inconstitucionalidad deben ser resueltos en su seno y ello no implica ninguna violación institucional.

Con este faltazo ante la Corte la audiencia prevista estará encabezada por los miembros de la Sala 2, que junto a Adaro y Palermo conforma asimismo José Valerio; por el Asesor de Gobierno; por el Fiscal de Estado y por los cuatro senadores peronistas que hicieron el reclamo.