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El PJ apuesta a frenar, tarde o temprano, la llegada de Day a la Corte

Presentó dos acciones que entraron a la Sala Segunda del alto tribunal, la cual favoreció el año pasado a los intendentes peronistas. Difícilmente esta sala frene la votación de la candidata en el Senado, pero podría revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos antes de que jure como jueza.

El justicialismo mendocino se puso al frente de una acción judicial que pretende frenar, tarde o temprano, la llegada de María Teresa Day a la Suprema Corte de Justicia.

Con el acompañamiento del resto de la oposición, presentó ante la Corte ayer una "declaración de certeza" y una medida cautelar para parar el proceso de designación de la coordinadora del Ministerio Público Fiscal.

Estas medidas se sumaron a la acción de inconstitucionalidad presentada antes por el líder de Protectora, el diputado José Luis Ramón.

Subió de esta manera la tensión política respecto de la designación de Day, cuyo pliego se está tratando en el Senado. De hecho, cumplirá este jueves uno de los requisitos importantes: la presentación de adhesiones e impugnaciones. 

El oficialismo apuesta todo por su candidata y se espera que haya un aluvión de adhesiones a su favor: alrededor de 1.000. Pero no son pocas, por otro lado, las impugnaciones. Ayer ingresaron 400 copias de una carta firmada por distintas personalidades en la que se sostiene que la candidata de Rodolfo Suarez para la Corte "no tiene formación en materia de género".

A la par está la acción de los partidos opositores en tribunales, la cual fue calificada como un "atropello" por el oficialismo. "Es un artilugio que contraría la república y la división de poderes, la pretensión de la oposición de querer sacar de su ámbito natural y constitucional el análisis de las proposiciones realizadas por el Poder Ejecutivo. No hay antecedentes de tal máximo atropello", señaló ayer en este sentido la senadora radical Mercedes Rus.

Jugada judicial

Mientras avanza el proceso de ratificación en el Senado, la acción judicial del PJ, Protectora y el Partido Intransigente ingresó a la Sala Segunda de la Corte. 

La sala está compuesta por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio. Y tiene un antecedente que entusiasma a los detractores de Day: es la misma que el año pasado frenó con la aceptación de un amparo la aplicación de la enmienda que impedía la reelección de los intendentes justicialistas.

Por una cuestión de división de poderes, esta sala de la Corte difícilmente pare el pliego de Day en el Senado y su votación, que podría ser sencilla: el oficialismo controla más de la mitad de Cámara Alta. Le sobran algunas bolillas blancas incluso.

Pero podría analizar antes de que jure como jueza el cumplimiento de los "requisitos mínimos" de la candidata.

Este punto se encuentra sometido a debate hace varios semanas. La oposición señala que la funcionaria judicial no cumple con la disposición constitucional (artículo 152) de tener 10 años de ejercicio como abogada

Los legisladores (incluidos los dos jefes de bloque del PJ, Lucas Ilardo y Germán Gómez) advierten en la acción declarativa de certeza que si el pliego de Day tiene "vicios insalvables", estos no podrán ser suplidos por el acuerdo del Senado

Tras analizar los cargos que ha desempeñado Day en la Justicia provincial y lo que ellos consideran respecto del ejercicio de la abogacía, los accionantes concluyen que Day "sólo puede acreditar una antigüedad en el ejercicio profesional bajo el criterio más generoso posible de 5 años, dos meses y 16 días". Es el tiempo en que ejerció como secretaria de Cámara

La cautelar presentada por separado busca que "intertanto tramita este proceso, se ordene la inmediata suspensión del trámite de acuerdo y del plazo de aprobación automática del pliego".

También agrega un elemento ajeno a las condiciones de Day: dice que la pandemia frena el acceso de la ciudadanía a la audiencia pública y que, por lo tanto, ésta no debería realizarse.

La audiencia pública tiene fecha para el miércoles de la semana que viene y se hará por medios virtuales. En este sentido, la cautelar señala que esto solo garantiza la participación de los actores políticos, pero no ocurriría lo mismo con los ciudadanos.

"No suspender los trámites correspondientes consolidaría aún más las injusticias políticas, o sea, la exclusión sistemática, no de la política partidaria regular sino de la esfera política pública, de la participación política", señala específicamente.