Se define si es legal la restricción para salir a comprar

El Gobierno de la provincia anunció la autorización para que las personas puedan hacer salidas recreativas como forma de flexibilizar el aislamiento social. Pero en el mismo Decreto en realidad restringía más el aislamiento permitiendo salir a comprar de manera escalonada y según la terminación del DNI, algo que no está contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia que rige la cuarentena. El sistema generó confusión, pero también un debate legal que se trasladó a Tribunales para evaluar si el Gobernador tiene facultades para restringir las salidas más allá de lo dispuesto por el Gobierno nacional. 

Un grupo de abogados presentó un amparo para frenar la medida adoptada por gobernador Rodolfo Suarez.  El amparo fue presentado ante el Segundo Juzgado Civil de Gestión Judicial Asociada, desde donde ya le dieron vista al Ejecutivo y a Fiscalía de Estado. Por el tipo de presentación, debe tener un trámite rápido y en la semana podría haber novedades. Claro que en el medio el Gobierno debe evaluar la medida para ver si la mantiene, si agudiza la restricción o se cambia algo. Tras la respuesta a la demanda una de las posibilidades es que se haga una audiencia virtual para que la jueza decida luego si admite el amparo y suspende  la aplicación de las restricciones o no. En la Corte siguen el tema porque puede repercutir en esa máxima instancia. 

El amparo es contra la Provincia de Mendoza y tiene por objeto la declaración de la inconstitucionalidad del Anexo 3 del Decreto 563/20 del Poder Ejecutivo Provincial, con fin de que se restablezca "la vigencia del derecho de la libertad de compra de alimentos y otros productos esenciales"  con la misma amplitud que se encuentra prevista en los distintos decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, sin la limitación por la terminación del número de documento. 

En concreto creen que Suarez se excedió en el uso de sus facultades al haber avanzado más allá de lo establecido por el Ejecutivo nacional. "Esto no es personal. Va más allá de si uno puede salir o no a comprar. El tema de fondo es que hay un exceso del Ejecutivo de las facultades que tiene. Algo que puede parecer pequeño es grave porque se restringe un derecho. Producen un exceso reglamentario. El Decreto de la provincia excede. Hay problemas con las instituciones republicanas porque no funciona la justicia, el Poder Legislativo y el Ejecutivo tiene la suma del poder público. Se debate qué rol debe tener el Estado", explicó a MDZ Gilberto Santarmaría, uno de los abogados demandantes.  "El fin ha sido bueno, que es proteger a la población. Pero el fin no puede justificar a los medios. Hay un error de concepto porque no se puede hacer cualquier cosa para conseguir esos fines, como restringir derechos", explicó el abogado.

Los presentantes consideran que la restricción adoptada por el gobierno provincial es inconstitucional. Señalan que la delegación legislativa que el gobierno nacional hizo en las provincias mediante la última prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio fue para la flexibilización del mismo y no para establecer nuevas restricciones, tal y como sucede con la medida cuestionada.

En ese sentido, argumentan que el Gobernador se excedió en sus facultades dictando una medida que va expresamente en contra de lo dispuesto por DNU 408/20. También indican que el gobernador no posee la atribución de limitar la circulación de personas mediante un simple decreto (en la Constitución de Mendoza no se encuentra prevista la figura de los “decretos de necesidad y urgencia” nacionales) y que, en todo caso, para ello es necesario el dictado de una ley por parte de la Legislatura provincial.