Un video de hace 6 meses predice el desenlace del caso Romano

"Ustedes son laburantes y yo tengo fueros. Así que vayan allá adentro y pídanles a las otros senadores que me saquen los fueros y yo le explico". El protagonista de este video premonitorio es el senador de Protectora Marcelo Romano, quien ayer, precisamente, perdió los fueros en una reñida votación de la Cámara Alta.

El episodio corresponde a un intento fallido de notificación de la denuncia que tenía en su contra el legislador por parte de un secretario y un auxiliar del Ministerio Público Fiscal. Esto ocurrió el 19 de noviembre del año pasado. Diez días después, el pedido de desafuero de la fiscal correccional Gabriela García Cobos entraba al Senado.

Según la cédula que firmaron los auxiliares de la Justicia aquel día, tal como muestran las imágenes, Romano se negó a que lo notificaran. "Manifestó que tiene fueros legislativos, que no va a recibir ninguna notificación mientras tenga dichos fueros", dice el documento.

El hecho se produjo en las puertas de la Legislatura (Patricias Mendocinas 1135), segundos antes de que Romano diera una entrevista a un canal televisivo. Según la senadora radical Mercedes Rus, la Justicia intentó notificar a Romano muchas veces del avoque fiscal, pero nunca lo logró. Entonces, "a la fiscal no le quedó otra" que avanzar con el desafuero.

En cambio, para el grueso de la oposición, el pedido de la fiscal se originó sencillamente en una persecución política del ex gobernador Alfredo Cornejo, enemigo político del hombre de Protectora.

En la sesión de ayer se habló mucho de otro ex senador que nunca recibió un pedido de desafuero. Se trata del radical Miguel Bondino, quien estaba acusado en una causa por el pago de sobreprecios en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos mientras ocupaba una banca.

"Con Bondino no hizo falta (el desafuero), porque al día 2 de la denuncia se presentó a la Justicia", justificó la legisladora oficialista.

Romano, en cambio, no se allanó a la Justicia hasta después de que entrara a la Legislatura el pedido de desafuero. La causa en su contra había arrancado varios meses antes: el 11 de agosto del año pasado hubo un operativo vial que generó un altercado entre el legislador y la Policía.

Según los testimonios de los efectivos, Romano amenazó con hacerles perder el trabajo. Ese día, una fiscal descartó que hubiera delito, pero otra consideró que sí lo había. 

Para la fiscal García Cobos tampoco hubo dudas: acusó a Romano por atentado a la autoridad, un delito con pena de entre seis meses y dos años de prisión.