El PJ busca comprometer a tres ex funcionarios de Cornejo

Un reciente fallo del Tribunal de Cuentas ha sido el disparador de una embestida política del PJ sobre ex funcionarios del Instituto Provincial de Juegos y Casinos durante el gobierno de Alfredo Cornejo que ahora son legisladores provinciales.

El fallo en cuestión revisa el ejercicio 2018 del organismo que controla el juego legal. Tal como publicó MDZ, no aparecen cargos para el directorio ni reclamos de devolución de dinero, como supo haber en otras administraciones, pero sí multas de entre 15.000 y 38.000 pesos para gerentes y jefes de carrera del IPJyC por una sumatoria de irregularidades.

El Tribunal de Cuentas detectó que en aquel ejercicio no se emitieron facturas por la compra de bienes a la empresa Sielcon SRL, la cual realizaba el control on line de las máquinas tragamonedas. La transacción fue por 10.403.000 pesos y se hizo con otro tipo de recibo que ha sido cuestionado por los contadores del organismo.

Además, emitió una sanción por "debilidades de control interno" en el pago de premios por apuestas de quiniela que (según consigna el propio organismo de control) podrían haber generado un daño al Estado de 174.000 pesos. 

Dos senadoras del oficialismo estuvieron en la conducción del IPJyC durante el gobierno de Cornejo: Josefina Canale y Mercedes Rus. También formó parte del directorio, hasta mediados de 2018, Andrés Lombardi, actual presidente de la Cámara de Diputados.

Las gestiones justicialistas en Casinos fueron acusadas de corrupción por el radicalismo y se generaron causas penales. Por eso, tras el fallo del Tribunal de Cuentas, en el PJ sintieron que había llegado su momento de devolver el golpe.

El jefe de uno de los gremios que representan a empleados del Casino, Martín Caín, quien además fue enemigo declarado de Canale y compañía, corrió esta semana a la Legislatura con el fallo del Tribunal de Cuentas para reunirse con los jefes de bloques del PJ y el presidente del partido, Guillermo Carmona. "Hoy me reuní para informar acerca de las irregularidades detectadas en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos", tuiteó esta semana el dirigente, con una foto de la reunión. 

El siguiente golpe lo aplicó un senador peronista. Rafael Moyano acaba de presentar en el Senado dos pedidos de informes en los que solicita profusa información a las autoridades actuales del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, a la Contadora general de la provincia y hasta al ministro de Hacienda sobre las irregularidades del ejercicio 2018. También pidió un "informe ampliatorio" al Tribunal de Cuentas. 

Moyano aprovechó expresiones de Rus sobre el proceso de desafuero al senador Marcelo Romano para sacar el tema. "Rus, Canale y Lombardi deberían explicar primero el faltante de 10 millones de pesos del Casino", afirmó.

Los tres ex directivos oficialistas aludidos prefirieron el silencio y prometieron que hablarán sobre el Casino después de que se vote el desafuero la semana que viene. Sin embargo, en off, algunos de ellos desmintieron que haya existido algún "daño patrimonial" al Estado en su gestión.

Señalaron en particular que los bienes adquiridos a Sielcon (software, cableado y aire acondicionado) ya estaban instalados cuando se acordó con la empresa la compra por 10 millones y aseguraron que no se dejaron de pagar impuestos, porque el organismo está exento.

En tanto, sobre la irregularidad en el pago de premios de quiniela, los legisladores radicales que comandaban el Instituto afirmaron que en 2018 se detectó y cortó un presuntamente muy antiguo "robo hormiga".

Según la explicación, había agencieros que aprovechaban una deficiencia del sistema de Ivisa, la empresa que controla las apuestas hace décadas, y declaraban al Instituto como "pagados" premios que no habían sido reclamados por los auténticos ganadores, antes de que prescribieran.

"Una persona vino y nos dijo que algunos agencieros nos estaban cagando. Al otro día cambiamos el sistema", relatan personas que estuvieron involucradas en la última gestión del Casino. También hubo acciones para recuperar parte del dinero y se hizo una denuncia penal que no ha producido novedades.

El Tribunal de Cuentas ha venido a comprobar dos años después que esas estafas siguieron por lo menos hasta 2018. El peronismo, en tanto, sospecha que esta modalidad podría haber horadado la caja del Estado en montos superiores a los detectados. 

Gerentes y personal de carrera del Instituto, por último, son los únicos que han pagado el pato: deberán asumir multas que equivalen, según dicen los que conocen su funcionamiento, a una sumatoria de faltas menores.