Mendoza todavía tiene más presos que camas en sus cárceles
El hacinamiento carcelario, según el Gobierno, no es argumento para que los presos reclamen salidas por el COVID 19. Sin embargo, al menos en el caso de los complejos penitenciarios que administra la Provincia, el total de plazas es un poco inferior a la ocupación. Además, el hacinamiento se siente más en unas cárceles que en otras.
El gobernador Rodolfo Suarez sugirió el lunes, con números confusos, que las cárceles de Mendoza tienen más plazas que presos. Pero no es así. El conjunto de prisiones provinciales, según las cifras del Servicio Penitenciario, aloja un total de 4.861 internos. Pero las plazas (o camas) inicialmente disponibles son un poco menos: 4.853.
Son, de todos modos, más de 8 las personas que deben dormir en el suelo y en celdas con más de cuatro internos, en una época en la que es regla el aislamiento social. La estadística no es lineal y, en algunas prisiones, como es el caso de San Felipe, el amontonamiento es mayor que en los otros establecimientos.
Las autoridades reconocen que este complejo, que es habitado por unas 1.100 personas, tiene unas 200 de más.
El circuito del encarcelamiento arranca, en la mayoría de los casos, en San Felipe. Allí son destinados los presos procesados y también son alojados los jóvenes adultos. Cuando son condenados, se los traslada a la cárcel de Cacheuta y a lo largo de la pena pueden ser trasladados a Boulogne Sur Mer.
Allí también están alojados los presos por violencia de género (unos 500), a quienes se les debe asignar un sector especial y separado del resto de la población.
La infraestructura penitenciaria creció bastante en los últimos años, lo que por otro lado fue una necesidad, frente a que se estableció un régimen de excarcelaciones más restrictivo. Entre estas obras se concretó, con muchos años de atraso y después de un largo parate de la obra, un complejo exclusivo para los presos de la Justicia Federal, también en Cacheuta.
Paradójicamente, esa cárcel, según dijo el camarista Juan Ignacio Pérez Cursi a MDZ Radio, hoy se encuentra subocupada: tiene 650 internos, cuando podría albergar 700.
Lo cierto es que el Sistema Penitenciario provincial todavía aloja a unos 180 presos federales, quienes son parte de los 4.861 totales.
Cuando no existía el penal federal, la Provincia albergaba a todos (federales y provinciales) y la situación era peor.
Hoy, Mendoza administra cuatro complejos penitenciarios, pero además tiene 11 unidades carcelarias (entre las que está la cárcel de mujeres de El Borbollón y varias granjas penales) y unas cuantas alcaidías (una de ellas es para mujeres embarazadas y/o con hijos).
Boulogne Sur Mer, que fue el escenario del último gran motín de presos en 2001, es la cárcel más vieja. Tanto que hay sectores que ya no se utilizan, por su mal estado edilicio.
La guardia de las autoridades está alta allí desde el lunes, cuando un número importante de presos ganó los techos y quemó colchones, en reclamos de beneficios para zafar del Covid 19.
Fue una réplica de lo que lo viene ocurriendo en cárceles de otras partes del país, donde los presos reclaman salidas y reclusiones domiciliarias, debido a la emergencia que generó el coronavirus.
Después de la revuelta se habilitó una mesa de diálogo que reunió al día siguiente en Boulogne Sur Mer a delegados de los presos con autoridades penitenciarias y funcionarios del Gobierno y la Justicia provincial.
El acuerdo sellado en esa mesa implica volver a reunirse el 7 de mayo para analizar pedidos más concretos, especialmente la situación de los grupos de riesgo de contraer la enfermedad: personas mayores de 65 años.
Se espera que, para entonces, los centenares de reclamos que se esbozaban a comienzos de esta semana sean muchos menos, ya que la probabilidad real de reclamar y obtener un permiso para salir de la cárcel, al menos desde el punto de vista jurídico, es bastante baja, incluso para los delitos menos graves..
La pandemia ha generado circunstancias especiales que podrían perjudicar estos pedidos. Los presos pueden sufrir en condiciones de hacinamiento dentro de la cárcel, pero si no tienen afuera un lugar donde vivan pocas personas, no lo pueden dejar salir. Además, a raíz de la propia enfermedad que genera sus pedidos, están prohibidas las salidas transitorias.
Lo único que tienen asegurado los internos en este contexto es un tratamiento judicial más rápido de sus pedidos. La Corte, el Ministerio Público y la Defensoría Oficial acordaron a mediados de este mes una serie de pautas de trabajo para agilizar los trámites de estos pedidos, en virtud del riesgo para la salud de los internos.
Otros fueros de la Justicia de nuestro país han sido proclives a la autorización de salidas de la cárcel por el coronavirus, pero esto ha generado reacciones fuertes en la opinión pública. Y en Mendoza, tanto las voces de la Justicia provincial como las de la Federal, aseguran que el otorgamiento de beneficios es muy restrictivo.
El alto porcentaje de prisiones domiciliarias otorgadas a condenados por delitos de lesa humanidad mancha las estadísticas de la Justicia Federal y genera interrogantes. Así y todo, la línea política del Gobierno y de la Justicia es contraria a la salida de los presos.
En este escenario, las autoridades que administran las cárceles mendocinas se han comprometido a aplicar más medidas de protección. Entre ellas, una que seguramente no es la más popular para la población carcelaria: el corte del régimen de visitas, que continuará.