Desde adentro: así evalúan las prisiones domiciliarias en Mendoza

Mientras a nivel nacional continúa la polémica por el otorgamiento de prisiones domiciliarias, en Mendoza la situación es diferente. El porcentaje de beneficiados es bajo y desde la Cámara Federal de Apelaciones explicaron cuál es la situación en la cárcel federal de la provincia. Además, negó que existan presiones políticas respecto a la liberación de detenidos y aseguró que existe una gran desinformación al respecto. Antes que nada aclaró que de los más de 5000 detenidos que hay en la provincia, solo unos 900 dependen de la Justicia Federal. 

"Me parece que se habla con mucha desinformación. Hay que hablar con datos concretos y situaciones reales. Por eso estamos dando a conocer lo que estamos haciendo ya que entendemos que con una buena comunicación es más difícil manipular a la opinión pública", esgrimió el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci.

El juez lamentó que en este tipo de temas hay un juego político "cada uno lleva agua a su molino y trata de profundizar la grieta ideológica". En este sentido, subrayó que la forma de evitar la manipulación de la opinión pública o la instrumentalización política es informando de forma clara y datos reales. "Si uno comunica bien lo que se está haciendo y los fundamentos habrá gente que estará de acuerdo y otra que no, pero se sabe cómo se está trabajando y resolviendo", remarcó.

Por otro lado, negó que existan presiones políticas desde el Poder Ejecutivo para balancear los fallos hacia uno u otro lado de la grieta. "Yo no veo en el ejercicio diario de la profesión presión de un poder sobre el otro. No vemos una injerencia de la política nacional ni provincial en el trabajo diario", sostuvo en MDZ Radio.

En cuanto a la situación carcelaria y los pedidos de prisión domiciliaria, aclaró que la situación de la Justicia Federal en Mendoza es especial porque en el año 2018 se inauguró una cárcel que hoy tiene capacidad para 700 internos y solo hay 650 alojados. 

"Hoy no tenemos la situación de hacinamiento de otros servicios penitenciarios del país. Eso es importante porque gran parte de las prisiones domiciliarias en Buenos Aires se dan por el hacinamiento", explicó. "Si uno se encuentra con la problemática del covid 19 en una cárcel superpoblada en la cual si se infecta un interno o un agente, hay alto riesgo de contagio. Ese es el elemento que está teniendo en cuenta muchos de los jueces para conceder arrestos domiciliarios", remarcó en el programa Sonría, lo estamos filmando.

Esa no es la situación de Mendoza, ya que -en la cárcel federal- no existen condiciones de hacinamiento. "Si tenemos otros problemas, como por ejemplo mejorar la educación en contexto de encierro. El hospital penitenciario está en el 20%. Hay 5 talleres de trabajo para 650 internos y es poco. Pero el hacinamiento no lo tenemos como problema principal", argumentó.

A pesar de eso, son muchos los detenidos que intentan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria o la excarcelación. "El viernes pasado terminamos un informe de gestión y tenemos un número de 200 pedidos de arrestos domiciliarios", sostuvo. "Cualquier persona que entienda que hay una posibilidad de ir a su casa, lo va a pedir. Pero el número de concesiones es bajo. En la Cámara Federal hemos concedido 12 entre excarcelaciones y arrestos domiciliarios en más de un mes y son casos en que el fiscal dictamina a favor de conceder el beneficio", adhirió.

Por otro lado, también se refirió al derecho de las víctimas y dijo que en el caso de los delitos de competencia federal no es un tema que sea recurrente debido a las características de los delitos. "El 80% de los delitos son de narcotráfico. En cuanto a la opinión de las víctimas, somos todos la víctima. Una persona que vende droga nos hace un mal a todos. No tenemos la posibilidad de correrle vista a las víctimas por lo que el que cumple ese rol es el fiscal", manifestó.

Otro tipo de delitos de competencia federal son los crímenes de lesa humanidad y en ese tema Pérez Curci dijo que se otorgaron prisiones domiciliarias en casos puntuales y excepcionales. "Es importante aclarar que el beneficio es mientras dure la pandemia y cuando termine el aislamiento se va a revisar", esgrimió.

Respecto a los 200 pedidos que han ingresado de internos que quieren ir a cumplir condena a sus casas el juez aseguró que es normal que ocurra y que forma parte del Estado de derecho. 

"Muchos de los detenidos no tienen condena firme. Y la constitución dice que son inocentes hasta que no haya condena. Por eso creo que tienen derechos a plantear el arresto domiciliario y es nuestra responsabilidad evaluar las condiciones de detención en la que se encuentran", esgrimió.

Por último, dio a conocer su pensamiento sobre el eterno debate entre garantismo y mano dura. "A título personal me parece que hay maneras de llevar adelante las resoluciones judiciales. El falso garantismo es aplicar garantías constitucionales. Lo que hay son interpretaciones. Es imposibles pensar que todos los jueces van a resolver de la misma manera. Somos personas con historias, realidades y experiencias que  tratamos de aplicar la ley concreta pero no podemos despojarnos de nuestras vivencias. Pero no veo una grieta ni podría situarme en uno de sus dos espacios", argumentó.

"Todos tratan de aplicar la ley de la mejor manera y de buena fe. Plasmando en un fallo lo que parece más justo", finalizó el presidente de la Cámara.

Escuchá la entrevista completa.

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