Suarez, ante su momento más difícil

Solo el corto tiempo que falta para que nos golpee lo peor de la pandemia dirá si el sinsentido de estos últimos días, ver cómo miles de jubilados y beneficiarios de asignaciones del Estado se agolparon en las puertas de los bancos para poder cobrar, contribuyó o no para la propagación del coronavirus.

Los funcionarios nacionales clasificaron la situación de “inadmisible”, pero desestimaron que el hecho haya significado una ruptura de la cuarentena. Sin embargo lo que sucedió, evidentemente no le hizo ningún favor a las recomendaciones de distanciamiento social y a los cuidados de aislarnos que veníamos teniendo las últimas dos semanas.

Mendoza espera el pico de la enfermedad para mayo y todavía respira aliviada en un punto: la provincia sigue acumulando casos, ya llega a 29 positivos, pero aún no registra ninguno que exprese la transmisión comunitaria del Covid-19. Pero también es cierto que, como sucede en el resto del país, el diagnóstico acerca de la cantidad de casos comprobados es inexacto porque Argentina no realiza la cantidad testeos diarios suficientes. Lo más probable es que el virus ya esté circulando entre nosotros y el sector al que Alberto Fernández dice proteger, jubilados y desprotegidos, fueron precisamente los que más en riesgo estuvieron este fin de semana. 

El cierre de los bancos fue uno de los aspectos de la cuarentena que el gobierno de Rodolfo Suarez más criticó desde que fuera implementada el 20 de marzo. Siempre lo consideró un “error grosero” no solo por el impacto que iba a tener en los jubilados, sino en el que también porque iba a desencadenar, como desencadenó entre otros factores más, una ruptura en la cadena de pagos.

Nadie a nivel público puede esgrimir que lo tomó por sorpresa lo que sucedió este fin de semana. En Mendoza los pagos a jubilados y asignaciones sociales se llevan a cabo por lo menos durante dieciséis, de los veinte días mensuales de actividad bancaria. Era de esperar que si por el cierre dispuesto mucha gente estuvo mas de quince días sin cobrar, iban a terminar todos juntos el primer día habilitado de pago.

Pero esos cuestionamientos nunca salieron de la Casa de Gobierno. Suarez optó por mantener un delgado equilibrio con la Casa Rosada que, hasta ahora, no le ha dado demasiados beneficios. Es particular la órbita que eligió el gobernador para girar alrededor del presidente: no es uno de los aliados, pero tampoco es de los más críticos.

A decir verdad, nada indica que Alberto tenga alguna cuestión personal con el gobernador mendocino. Pero tampoco lo colocó en el lugar que sí lo puso al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo que se vislumbra es que lugar que tiene Mendoza en el escenario nacional es el de la intrascendencia y Suarez continua sin encontrarle la vuelta a su relación con el peronismo. Apuesta a que las reacciones presidenciales sean de buena fe con la provincia y no abandona el estilo de los buenos modales que siempre adoptó en la política. Crisis como esta, muy posiblemente, requieran de otra manifestación de carácter.  

Las semanas que vienen será clave para definir el futuro económico de la provincia. ¿Suarez esperará las decisiones nacionales para comenzar a flexibilizar la cuarentena como muchos sectores en problemas reclaman? ¿O no esperará y resolverá de acuerdo a lo que, incluso dentro de su equipo económico, muchos apuntan y es permitir que algunas actividades vuelvan al trabajo? Algunas provincias, San Juan sería una de ellas, ya está diseñando el camino para comenzar a liberar algunas actividades para que, a partir del día 13, la situación económica no estalle.

La semana pasada tuvimos un par de ejemplos de todo esto. Por un lado cuando a Mendoza le frenaron en Buenos Aires la compra de respiradores que había hecho en Córdoba para enfrentar algo más equipada la crisis. El gobernador esgrimió una protesta fuerte, pero después la acotó al decir que lo que esperaba era que el reparto de esos insumos se hiciera de buena fe por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Ese mismo día le enviaron 8 aparatos, aunque había comprado cien.

El otro tema fue, precisamente, la discusión acerca de si abrir o no la cuarentena para liberar presión a la economía. Una resolución del ministro de Economía, Enrique Vaquié, exceptuaba a cuatro actividades del aislamiento obligatorio para que pudieran volver a trabajar en el marco de la emergencia.

Lo que se buscaba era que pudieran funcionar algunas actividades que son soporte de otras ya habilitadas por el gobierno nacional, como los talleres mecánicos (para asistir al transporte público por ejemplo), los servicios de mantenimiento de hardware, comunicaciones o los corralones.

Suarez bajó esa resolución a las pocas horas de publicada en el Boletín Oficial. En pocas horas. Los intendentes del PJ, con Emir Félix a la cabeza, reaccionaron ante la medida. Suarez lo llamó a Vaquié, le pidió que le explicara lo que había querido hacer y después instruyó: “Mete mucho ruido, dalo vuelta”.

Con el problema de los bancos se hizo un intento para subsanarlo esta semana. El gobierno provincial negoció con la Asociación Bancaria local la aplicación de un protocolo de seguridad para que los empleados pudieran ir a trabajar los más resguardados posible y así mantener abiertas las sucursales en Mendoza. Pero el sindicato no mostró interés, “lo vamos viendo”, contestó, y siguió con las directivas nacionales de mantener las puertas cerradas para la atención al público.

No sucede solamente aquí, sino que es el problema de la Argentina. Con un 40% de actividad económica en la informalidad, es muy difícil el equilibrio entre el cuidado de la cuestión sanitaria y evitar el parate económico. En algunas regiones del país, como el conurbano bonaerense, ya está sucediendo. Aquí, algunas estadísticas marcan que todavía no. El jueves pasado, la cantidad de pasajeros en el transporte público fue un 88% menos de los que viajaron el 13 de marzo, el último día con actividad plena en la provincia. Es decir, el grueso de los que van en micro a trabajar siguen en sus casas. Pero es una situación que no podrá resistir mucho tiempo más. La presión del hambre sacará a muchas personas a las calles, seguramente.

La flexibilización de la cuarentena para ocho actividades dispuesta por Alberto Fernández no tiene acá un impacto relevante. Se volverán a prender los hornos en las cementeras, pero el resto de las excepciones no provocarán un impacto sustancial. Para el gobierno provincial es imprescindible que la actividad bancaria vuelva, pero también liberar algunas actividades relacionadas con el comercio y con la construcción privada para que la rueda vuelva a girar aunque sea en parte. Pero otra vez el riesgo: es peligroso, sin dudas, que albañiles, pintores, electricistas y otros rubros estén fueras de sus casas en medio, como se espera dentro de algunas semanas, de los más fuerte de la pandemia.

Para las empresas el panorama tampoco está claro y solo habrá que seguir el camino de la asistencia estatal. Las medianas y grandes, están sujetas por el momento a los créditos que los bancos deberán otorgarles, según dispuso el Banco Central de la República Argentina, para que puedan hacer frente al pago de salarios. Suarez para este sector ofreció algo de apoyo. Un complemento a esos préstamos con avales y subsidios de tasas.

El escaso poder de fuego estuvo apuntado a las empresas con menos de cinco empleados con préstamos directos a través del Fondo para la Transformación y Crecimiento a devolver en doce meses y con tres de gracia. Un reflejo del estado de cosas: a solo 24 horas de abierta la inscripción, que fue el jueves, se inscribieron unas 6.000 pequeñas empresas para acceder al reparto de unos $4.000 millones

La crisis desatada por el coronavirus no solo puso a prueba la capacidad de liderazgo del gobernador o su vínculo con la Casa Rosada. También lo obligará a arriar la bandera del equilibrio fiscal, el gran logro de Alfredo Cornejo.En términos reales la recaudación provincial de impuestos cayó en marzo un 23% en relación a marzo de 2019, lo que implicó que se recaudaron $1.100 millones menos. En otras palabras, la gente dejó de pagar impuestos. Solo la recaudación del Inmobiliario se desplomó un 50% e Ingresos Brutos cayó un 14% en relación a febrero.

Las regalías petroleras disminuyeron a la mitad y la coparticipación federal tuvo una retracción importante, asimismo. Abril será peor, sin dudas. Marzo reflejó la actividad económica de febrero que fue normal, pero en este mes se sumarán el derrumbe de la actividad económica más la incapacidad de pago de los contribuyentes.

Mendoza se encamina a convertirse en ser una provincia en problemas y a sumarse al listado de distritos que ya están trabajando en la alternativa de emitir cuasimonedas. Las espaldas para seguir pagando los sueldos de los estatales dan solo para dos meses más. Una sola posibilidad nos alejaría de esta cuadro: que llegue un salvataje financiero a nivel nacional. Y Suarez junto a sus colegas, aunque muy desdibujado, está negociando con Fernández dos caminos.

Uno de ellos, es que la Nación sea solidaria con las provincias en la política de emisión y que les garantice un piso mínimo de coparticipación federal de impuestos. Y por otro lado reclama el reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) que la Nación acumuló en un fondo por más de $70.000 millones y que comenzó a ser liberado a cuentagotas. Dos cuotas de $3000 millones que para Mendoza representarán dos pagos de poco más de $120 millones cada uno y que apenas compensa lo que se perdió de recaudar en dos días como consecuencia de la crisis.

A nivel nacional se analiza un cuadro de situación luego de lo del viernes y eso implicaría el fin de algunas cosas para el gobierno de Alberto. El final de la luna de miel de mucha gente con el gobierno, el final de la cuarentena tan estricta, el final de los bancos cerrados y, posiblemente, el final de las decisiones centralizadas. Esto es que cada provincia termine decidiendo cómo hacer frente a la crisis. Si esto sucediese, Suarez lograría una salida para ese lugar incómodo en el que se metió.