Los paladines del plan para liberar presos masivamente
En la provincia de Buenos aires, el Servicio penitenciario está alerta. La mayoría cree que la paz firmada con los presos de Devoto, penal que están en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, mantendrá en suspenso las rebeliones programadas en la provincia hasta el jueves. No es una demanda inocente que los encarcelados pidieran elevar el número de presos que deben cumplir prisión domiciliaria de 1.350 a 1.600. En la diferencia incluyen homicidas porque para ellos no cuenta el delito que cometieron, sino la vulnerabilidad al COVID-19. Detrás de esa postura hay referentes jurídicos destacados.
Por ejemplo aparece el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, está entre los acusados en el juicio que se hará por la firma del Memorándum con Irán y entre los delegados de los presos, hay un múltiple homicida con cuatro asesinatos en su prontuario.
Otra de las caras visibles es la del ex juez Eugenio Zaffaroni como integrante de la Comisión de la Memoria que preside Roberto Cipriano García, este último fue quien llamó públicamente a los presos “compañeros prolibertad”. Por supuesto, los presos estrenaron sus celulares, enviando audios con la arenga de García. Los abogados de esa organización fueron los que presentaron miles de recursos para liberar detenidos vulnerables al COVID-19.
Según informa Infobae, los primeros logros fueron la liberación de algunos presos por pedido de la Comisión de la Memoria. Dos de los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8 años y de una nena de 6 años. El juez que les concedió la liberación fue Víctor Violini y fue oficial de policía que se recibió trabajosamente de abogado. No había alcanzado los puntos suficientes en el examen final. Pero su adhesión al kirchnerismo le facilitó la vida profesional y comenzó a ejercer la profesión.
El otro motor es Andrea Casamento, fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ADAF) que está casada con Alejo Fernández preso en Devoto y uno de los firmantes del acta. La mujer fue premiada por su defensa de los derechos de los detenidos.
Ella habría arengado a los delegados de los penales de la provincia para que comiencen a presionar para armar una verdadera mesa de diálogo como la del penal de Devoto, ignorando que esa mesa ya existe oficialmente y sesionó por primera vez el miércoles 22 en la Unidad 48 de San Martín, un establecimiento que aloja a delincuentes con penas severas.