Insólito: piden a vecinos que custodien a un detenido con domiciliaria

En el marco de la pandemia se han visto distintas situaciones que serían impensadas en otro contexto. Un ejemplo de ello es lo que se está viviendo en la provincia con los detenidos con prisión domiciliaria. A raíz del crecimiento exponencial de detenidos bajo esa modalidad, faltan pulseras de georreferenciamiento por lo que el Ministerio Público ha tomado una insólita decisión. En concreto, notificó a dos vecinos de un detenido para que cumplan el rol de vigilantes y "pongan en conocimiento de la autoridad cualquier transgresión al confinamiento del detenido".

El caso al que accedió MDZ es el de un hombre que tenía una condena de seis meses en suspenso por violencia de género y fue encontrado violando la cuarentena obligatoria. Como consecuencia, correspondía llevarlo detenido y la Justicia dispuso que se libere la orden de detención en modalidad domiciliaria.

Pero por la falta de pulseras de georreferenciamiento y para no afectar efectivos de la fuerza de seguridad que están cumpliendo funciones esenciales en el marco de la pandemia, se tomó la decisión de cargar la responsabilidad de la custodia a dos vecinos. "Notifíquese a dos vecinos, quienes no podrán ser convivientes entre sí, de la situación en la que se encuentra el ciudadano aludido y provéanseles un teléfono de contacto expedito y confiable a los fines que pongan en conocimiento de la autoridad cualquier transgresión al confinamiento del detenido", sostiene el Ministerio Público.

En otras palabras, el ciudadano quedará detenido en su vivienda controlado por sus propios vecinos.

Saturados

Desde el Servicio Penitenciario ya han manifestado su preocupación por la cantidad de detenidos por violar la cuarentena y la imposibilidad de darles un lugar en los centros de detención. "La Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial ha dispuesto en lo sucesivo no recibir ingresos en calidad de detenidos por cometer delitos, habida cuenta de encontrarse actualmente colapsada la capacidad de alojamiento de los lugares destinados para que se cumpla con el aislamiento obligatorio previo a ser ingresados a los distintos establecimientos penitenciarios que correspondan", argumentan.

En concreto, sostienen que la excesiva cantidad de personas detenidas procesadas por la comisión de delitos referidos al artículo 205 del Código Penal complican el funcionamiento de los establecimientos y el control para evitar que llegue el Covid-19. Específicamente, ese artículo es el que establece que será reprimido "con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

"Cabe destacar, que el esfuerzo del Servicio Penitenciario Provincial Mendoza, llevado a cabo para impedir que el Covid 19 ingrese a sus establecimientos, hasta el momento ha dado buenos resultados, encontrándonos obligados a ir monitoreando y revisando permanentemente a los posibles flancos de ingreso de dicho flagelo", adhieren.