Organismos de DDHH preocupados por los excesos y abusos de la Policía

Desde las 0 del 20 de marzo, en el país rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio como medida adoptada para mitigar la expansión del coronavirus. A partir de ese momento, la policía de cada una de las provincias junto con Gendarmería Nacional y otras fuerzas nacionales, son las encargadas de que la ciudadanía cumpla con lo establecido por el Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Mendoza advierten y están preocupados por los excesos y abusos de la Policía en la provincia. Por eso, le enviaron una carta al gobernador Rodolfo Suarez donde le manifiestan la preocupación por "los procedimientos y mecanismos a través de los cuales han sido llevadas a cabo las mismas -detenciones-, teniendo en cuenta que diariamente recibimos relatos que describen la intervención policial y expresan vejámenes, malos tratos e incluso tortura".

En la nota que le enviaron al mandatario, indican que "es de público conocimiento que nuestra provincia cuenta con reiterados llamados de atención por parte de organismos internacionales respecto al trato a personas privadas de libertad, con cuantiosos casos de mal llamado 'gatillo fácil', y quienes transitamos los territorios más vulnerados conocemos de cerca la problemática de violencia institucional, antecedentes que sobran para sostener el planteo de este documento".

Por lo tanto, le exigen a Suarez que:

1. En cumplimiento con lo manifestado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2010, remita a la Legislatura Provincial un proyecto para la derogación del artículo 11, inciso 3 de la ley 6722 bajo la cual se ampara, desde hace décadas, la práctica policial de las detenciones ‒ya tristemente célebres a nivel internacional‒ conocidas en el ámbito jurídico como “delito de aspecto” o “portación de rostro”. Prohibición explícita de detener a cualquier ciudadano/a por averiguación de antecedentes.
2. Informe públicamente en página oficial el protocolo que enmarca los procedimientos policiales en el control al cumplimiento del APSyO.
3. Instruya a las fuerzas policiales a que cesen inmediatamente tales conductas ilícitas, discriminadoras y violentas.
4. Dispóngase una forma ágil y eficiente para que la población pueda denunciar estos abusos por medios remotos (teléfonos, internet, etc.).
5. Eliminación del toque de sirena desde las 19 para el anuncio de la no circulación, establecido en el marco de la cuarentena; entendiendo que responde a mecanismos utilizados durante la dictadura militar o en situaciones de toque de queda, y no en circunstancias como las actuales dónde debe prevalecer la concientización y protección de la población.
6. Aplíquese políticas de emergencia, soluciones reales y concretas a territorios de alta vulnerabilidad económica. Provisión de alimentos y agua potable específicamente para los barrios que no cuentan con dichos recursos; transporte adecuado para los trabajadores cosechadores, etc.
7. Garantice políticas inclusivas para niñas, niños y adolescentes judicializados/as y/o privados/as de libertad en el marco de la protección integral de derecho.