Cascada de San Isidro: Fiscalía de Estado dictaminó a favor de Vila

Fiscalía de Estado emitió un dictamen favorable a Daniel Vila por el aprovechamiento del agua de la cascada y el arroyo San Isidro. Se trata de un curso de agua que recorre una parte de piedemonte y que ha generado controversias desde hace años. En el año 2014 el Departamento General de Irrigación determinó que el agua era de uso público, pero empadronó como usuarios a los dueños de los terrenos de los alrededores, entre ellos Dalvian y la familia Vila.

El propio empresario fue quien se presentó ante Fiscalía de Estado para pedir que ese organismo intervenga para “determine si existe algún incumplimiento legal” o algún perjuicio a los intereses públicos por parte del señor Vila y demás regantes del arroyo San Isidro y su cascada”. Ese curso de agua es de uso público, pero está en terrenos privados. Por eso Irrigación empadronó a los usuarios y determinó cuánto debían pagar por el aprovechamiento del agua.

Tras el análisis legal del caso, Fiscalía de Estado determinó que “no se aprecia situación de ilegalidad o irregularidad que requiera la continuidad de las presentes actuaciones. Tampoco se aprecia, que a partir del existente uso y aprovechamiento del agua se esté poniendo en riesgo en forma alguna aspecto ambiental u otro bien colectivo”. A esa conclusión llegan luego de pedir informes a Irrigación y al propio Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Ambiente. Ambos organismos dieron también informes favorables al uso que se hace del agua del arroyo San Isidro. “A fecha actual y con los elementos obrantes en la presente pieza, no se afacta al interés público ni la preservación del ambiente, contando las actividades con habilitación ambiental y adecuación de los usos a la normativa vigente, bajo el seguimiento y control de las respectivas autoridades”, concluye Fiscalía de Estado.

El hecho

El arroyo San Isidro es uno de los pocos cursos de agua permanentes  del piedemonte, en Las Heras. En la zona está ubicada la estancia que es propiedad del empresario Daniel Vila y que generó polémica por las obras ejecutadas para captar el agua y transportarla hasta la estancia. Hace algunas semanas hubo una manifestación en la zona y se generaron momentos de tensión. Luego, fue el propio empresario el que pidió el dictamen de Fiscalía de Estado.

El fiscal de Estado Fernando Simón derivó el tema  a la Dirección de Asuntos Ambientales de esa repartición, donde se hizo un análisis legal del tema. Primero, desde la normativa ambiental y específica sobre el manejo del agua. Y en particular sobre los derechos que competen y los que no a quien tiene permiso de uso del agua y su relación con la posesión de los terrenos. Fiscalía de Estado resalta un dato: que la ley de aguas determina que el agua es de uso libre y público. Pero con una restricción: “mientras las aguas corran por cauces naturales y públicos todos pueden usar de ellas para sus necesidades elementales, aunque si dichos cauces transcurren por propiedad privada, nadie puede penetrar para buscar o usar el agua, a no mediar permiso del dueño”.

Irrigación empadronó y reguló el uso del agua del arroyo San Isidro a través de las resoluciones 1427/10 y 491/14. Incluso el DGI aprobó las obras de captación del agua, a pesar de que en primera instancia las había declarado como irregulares. “A la fecha el Código de Cauce 1855 corresponde a Río Mendoza – San Isidro…se encuentra empadronado y en funcionamiento conforme a la normativa vigente en la materia, no existiendo ningún reclamo ni de los usuarios ni de terceros por el uso del recurso hídrico en esta institución”, explicaron desde Irrigación.

El otro tema de controversia tiene que ver con las obras de captación del agua de la cascada, donde intervino la provincia a través de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.

El Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, respondió el requerimiento de Fiscalía de Estado, donde cita una resolución del 2017 donde se analiza la obra “Puesta en valor de la Cascada de San Isidro”.