Megaestafa a la AFIP

Megaestafa a la AFIP: las penas que arriesgan los jefes de la usina de facturas truchas

Este lunes comenzaron los alegatos por el fraude millonario mediante el cual distintas empresas evadieron más de 226 millones de pesos. Se investiga a una asociación ilícita con una veintena de integrantes.

Mariano Bustos
Mariano Bustos miércoles, 4 de marzo de 2020 · 13:03 hs
Megaestafa a la AFIP: las penas que arriesgan los jefes de la usina de facturas truchas

En Tribunales Federales se está llevando adelante un proceso judicial por un fraude millonario contra la AFIP. Se trata de una asociación ilícita que durante años se dedicó a vender facturas truchas que mediante las cuales distintas empresas disminuyeron su carga tributaria. Específicamente, se hablaba de un perjuicio fiscal de $226.395.545,33 sólo de capital, que dejaron de ingresar a las arcas del Estado Nacional. Los principales acusados son Pablo Prete y Sergio Delfino, a quienes se apunta como líderes de la usina de facturas apócrifas. La fiscal de la causa es María Gloria André y el caso está en manos del Tribunal Oral N°2 integrado por la jueza Paula Marisi, Gretel Diamante y Alejandro Piña.

Los alegatos comenzaron el día lunes y desde la fiscalía se ha solicitado una pena de 7 años y seis meses de prisión para Pablo Prete, en calidad de jefe u organizador de una asociación destinada a cometer el fraude mediante el uso de instrumento público. Mientras tanto, para el otro jefe u organizador, Sergio Delfino, la pena es de 7 años. Ambos deberán pagar, de ser sentenciados culpables de los cargos que les imputan, una multa de 90.000 pesos cada uno. Mientras tanto, los abogados de AFIP solicitaron penas de más de 8 años de prisión para los acusados. 

Delfino y Prete estuvieron prófugos de la justicia luego de que en el año 2015 se realizara un importante operativo con allanamientos en distintos domicilios particulares y estudios contables. Prete fue detenido en marzo del 2017 mientras que Delfino fue capturado en Córdoba en agosto del 2018.

A ellos se suman otros 27 integrantes con distinto grado de responsabilidad en la operatoria fraudulenta. Por ejemplo, para Armando Esteban López Staneloni la fiscalía solicitó una pena de 5 años con una multa de 65 mil pesos por formar parte de la asociación ilícita. Lo mismo pidió para José Meli, mientras que para Víctor Horacio Paz, Eduardo Federico Evans Algasi, Alejandro Javier Fernández, Julián Bustelo, Ramón Oscar Manrique, Élida María del Carmen Mamy Rivas, Ana Alicia Victoria Mosca, Marta Noemí Villafañe y Omar Alejandro Medina Valverde la pena solicitada fue de 4 años de presión y 50 mil pesos de multa.

El resto de los procesados son Ernesto Alfredo Romano, Bib Elías Hakim, Francisco Parejo Ruiz, Marcelino Marcerou Portabella, Marcelo Armando Pérez, Adolfo Edmundo Rivero, Marcelo Jorge Calderón Vázquez, Marcela Ruth Canzonieri, José Luis Canzonieri, María Agustina Fardusco, Mario MArtín Perucho, Juan Manuel Romano, Raúl Villareal Federico Javier Salinas, Sergio Carletti y Carlos Nicolás Delfino. Para ellos la condena que se pidió va de 3 años y 6 meses a 3 años y 10 meses dependiendo el rol que cumplieron dentro de la organización criminal.

La usina de facturas truchas funcionó hasta octubre del 2015, cuando se realizaron allanamientos en distintos domicilios y se procedió a la detención de una veintena de personas. Según el juez de primera instancia que ordenó el procesamiento con prisión preventiva, "se advierte con total claridad que la finalidad de la organización era la de que se cometieran evasiones tributarias (arts. 1 y 2 de la ley 24.769), lo cual surge de la cantidad de facturas apócrifas comercializadas por los integrantes de la organización y, fundamentalmente, de los elevados montos por los que se facturaba a algunos contribuyentes y la reiteración de estas operaciones con los mismos contribuyentes". 

Los clientes se hacían de esas facturas con el objeto de evadir el pago de los impuestos a los que estaban obligados, reduciendo indebidamente la base del cálculo de los tributos mediante la simulación de costo. Sin embargo, ni la Justicia ni la AFIP accionaron contra esas empresas. En su momento,desde la Justicia Federal explicaron que "podría ocurrir que los usuarios de las facturas apócrifas, por circunstancias diversas, finalmente no lleguen a consumar delito tributario alguno evasión, en este caso". 

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