Empresarios mendocinos celebran el recorte de salarios políticos

Empresarios mendocinos celebran el recorte de salarios políticos

La Unión Industrial de Mendoza y la Asociación de Ejecutivos de Mendoza expresaron su satisfacción por la decisión del gobernador Rodolfo Suarez de fijar en un tope máximo de $50.000 el sueldo de los funcionarios políticos para combatir el coronavirus. Además piden la reducción de asesores.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

La Unión Industrial de Mendoza (UIM) y la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) expresaron hoy su satisfacción por la decisión del gobernador Rodolfo Suarez de fijar en un tope máximo de $50.000 el sueldo de los funcionarios políticos para destinar fondos públicos al combate contra el coronavirus. Además pidieron otras medidas como la reducción de asesores en el Ejecutivo.

Suarez anunció este mediodía la firma de un decreto que establece que ningún funcionario podrá cobrar más de $50.000 de su salario este mes, exceptuando a los funcionarios de los ministerios de Salud y Desarrollo Social y Seguridad. El dinero que la provincia se ahorre en concepto de sueldos de funcionarios irá a un fondo especial destinado a la compra de insumos para la emergencia sanitaria y para asistir económicamente a los sectores más golpeados por la cuarentena total que rige hasta el 31 de marzo.

Luego de conocerse la noticia, la UIM emitió un comunicado en el cual celebró la decisión de Suarez y señaló que esa medida se enmarca en "la necesidad (de) que la política revise su forma de operar y disponer de los recursos que aportan los contribuyentes, mediante cargas fiscales cada vez más crecientes".

"Creemos que esta crisis producto de la emergencia sanitaria nos da la oportunidad de reflexionar seriamente sobre el uso de los recursos y su asignación a tareas que sean verdaderamente prioritarias", añadió.

En el mismo sentido, la AEM señaló que la medida del Ejecutivo "va en consonancia con el pedido que viene realizando hace tiempo el sector empresario, que tiene que ver con las formas con las que el Estado administra los recursos públicos, que difieren notablemente respecto a las empresas privadas".

Ambas entidades empresariales coinciden en la necesidad de que ahora el gobernador "impulse la suspensión y reducción al 50% como mínimo de los contratos del estado de asesores o personas que no tienen afectación específica a esta coyuntura", ya que "tenemos cientos de asesores y contratos en el Estado de personas que en nada aportan a la emergencia sanitaria que debe ser prioritaria".

Igualmente concordaron en que tanto el Poder Legislativo como el Judicial deben acompañar y aplicar las mismas reducciones salariales, algo que el primero ya anunció.

"Estamos frente a un año donde las empresas y los contribuyentes del sector privado todavía no saben cómo harán viables sus organizaciones. Aún así, la decisión del sector empresario es defender la actividad, el salario y el empleo como primera medida. Entendemos que la sostenibilidad de nuestras empresas, instituciones y políticas públicas requieren de consenso, decisiones conjuntas y esfuerzos compartidos", reflexionó la UIM.

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