Sin la fiscal Chaves, la Justicia provincial retoma la causa Tupac
La semana que viene se reactivará la causa Tupac en la Justicia mendocina, pero no estará presente una de sus principales protagonistas: la fiscal Gabriela Chaves.
La mujer que lidera la investigación desde el principio se recupera de una operación a la que fue sometida esta semana y por esta razón será la gran ausente el jueves próximo, en una audiencia "multipropósito" ante el juez Marcos Pereira en la que se volverán a debatir varios aspectos de la denuncia de fraude que pesa contra la familia de Nélida Rojas (líder de la Tupac en Mendoza), el intendente de Lavalle Roberto Righi y el ex presidente del IPV Omar Parisi, entre otros ex miembros de ese organismo.
En lugar de Chaves asistirá la fiscal Susana Muscianisi, quien a fines del año pasado fue asignada por el Procurador Alejandro Gullé a la investigación.
En realidad, Gullé resolvió que un grupo de fiscales lleve adelante junto a Chaves desde ahora la instrucción, que ya lleva tres años. Entre ellos está el fiscal en jefe del área de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi.
El Ministerio Público también cambió la estrategia de investigación. Apunta ahora a probar el fraude a las personas y contra el Estado de los imputados, en lugar de insistir con la imputación de asociación ilícita. "Se va por el lado de probar los delitos para ir después a la asociación ilícita. No se puede imputar asociación ilícita de la nada", explicaron esta semana en tribunales.
Los fiscales tampoco van a insistir con la prisión preventiva de los miembros de la Tupac mendocina. Chaves los metió presos bajo la figura de la asociación ilícita, pero ese aspecto de la causa ha quedado trabado en la Corte provincial y por ello todos los imputados permanecerán libres hasta el juicio.
El jueves se tratarán alrededor de diez planteos de la defensa contra la investigación. De hecho, la audiencia fue convocada precisamente para analizar nulidades solicitadas por los abogados de los imputados.
Entre otros pedidos, los abogados defensores se oponen a que el Gobierno provincial sea querellante particular en la causa.
En este sentido, los abogados de tres de los imputados se han expresado en contra de que el ex gobernador Alfredo Cornejo figure como querellante porque intervino en las operatorias de viviendas de la Tupac cuando era intendente de Godoy Cruz.
El Ministerio Público considera, en cambio, que la figura de querellante en el proceso le corresponde a la Provincia, que es la que habría sido afectada por el supuesto fraude con fondos del Estado, y dice que Cornejo solo firmó el decreto correspondiente.
Otro de los pedidos de los abogados defensores consiste en que se incluyan al expediente los certificados de avance de obras de todas y cada una de las operatorias de la Tupac en Mendoza.
En Fiscalía, en cambio, sostienen que eso es imposible ahora porque no se puede investigar todo a la vez y señalan que han recabado documentación técnica y contable solo de las primeras tres compulsas: Lavalle, Guaymallén y Godoy Cruz.
Además, argumentan que en Lavalle se proyectaron la mitad de las casas de la Tupac (517), con lo cual, esa es la causa madre. "Le corresponde a Fiscalía ordenar la investigación", agregan.
El grupo de abogados defensores que ha pedido estas nulidades es amplio. El intendente Righi está representado por dos: Carlos Varela Álvarez y Lucas Fallet. Por su parte, el ex presidente del IPV Parisi es defendido por Sergio Rocamora y en nombre de la familia Rojas se desempeñan Alfredo Guevara y Guillermo Guzzo.
Por el Gobierno provincial participará el abogado Alejo Guajardo y habrá también un representante de la Fiscalía de Estado.
Para el Ministerio Público también es muy relevante la audiencia, porque compromete, tras años de investigación, buena parte de la actividad probatoria de la fiscal Chaves y los fiscales que se sumaron.
A juicio de los fiscales, la causa compromete a los funcionarios políticos de Lavalle y del IPV en la era justicialista porque todos los desembolsos que destinaba el Ministerio de Planificación de la Nación pasaron por las cuentas del municipio y el organismo que construye viviendas, antes de llegar a las cooperativas de la Tupac.
En la fiscalía de Chaves sostienen que el control estatal de esos fondos fue al menos deficiente y eso facilitó el fraude. Se intenta probar, en otras palabras, que las casas no se hicieron porque, con amparo gubernamental, mucho dinero quedó en poder de los integrantes de la Tupac.