Un nuevo atropello a las instituciones

Nuestro país se encuentra atravesando un duro momento desde el punto de vista económico. Es verdad. No se está diciendo nada novedoso.

Es bajo dicha circunstancia que el gobierno nacional ha realizado diversas maniobras para, supuestamente, “poner a la Argentina de pie”, entre las que se encuentran la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el congelamiento del presupuesto para las Universidades Nacionales para el año 2020, la reestructuración de diversos organismos del Estado, solo por nombrar algunas.

La mayoría de las decisiones han encontrado su justificación en la supuesta solidaridad que debemos prestar todos los argentinos, alegando que todos debemos realizar un esfuerzo, lo cual, como todo voluntarismo, suena agradable al oído.

Ahora bien, la última novedad en materia solidaria es la polémica en torno a la modificación del régimen especial de jubilaciones para los magistrados y diplomáticos, la cual se encuentra en tratamiento en el reciento de la Cámara de Diputados de la Nación.

Sin ingresar en esta oportunidad respecto a lo positivo o negativo de modificar dicho sistema, resulta conveniente detenerse en el tratamiento legislativo que se está llevando a cabo a raíz de la manera en la que el oficialismo obtuvo el quorum para poder comenzar la sesión, puntualmente con la presencia de Daniel Scioli en el recinto.

Vale recordar que el quorum es el número mínimo de integrantes que deben encontrarse presente para que un cuerpo colegiado (Cámara de Diputados) pueda comenzar a sesionar, el cual en el caso bajo análisis es de la mitad mas uno del cuerpo (129 diputados nacionales).

Si dicho número no es conseguido, la sesión no puede iniciar y por lo tanto, la misma se cae, tal como se suele decir, lo que parece que era el caso de la sesión de este jueves.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el recientemente nombrado Embajador en Brasil, dijo presente en la sesión, con lo que se pudo comenzar a debatir la modificación al régimen jubilatorio ya mencionado, lo cual es una irregularidad que no puede pasar inadvertida, ya que se podría estar ante una violación del artículo 72 de la Constitución Nacional, el cual establece que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala”.

La disposición constitucional mencionada tiene como finalidad, siguiendo a María Angélica Gelli, garantizar la separación de poderes propia de nuestro sistema republicano; preservar al Poder Legislativo de posibles intromisiones por parte del Ejecutivo y asegurar la libertad de criterio de los legisladores, por lo que es fundamental su respeto absoluto por parte de los gobernantes, lo que no estaría ocurriendo.

La maniobra llevada a cabo es un nuevo capítulo en la larga lista de atropellos por parte del kircherismo a las instituciones democráticas, ya que se ha conseguido avanzar en el tratamiento legislativo con la participación de un legislador que ha sido designado como embajador, por lo que se encuentra alcanzado por la incompatibilidad consagrada constitucionalmente.

Esto es así ya que Scioli cuenta con la aprobación por parte del Senado y viene ejerciendo funciones como embajador, sin que todavía la Cámara le haya aceptado la renuncia, requisito previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja.

Si nos detenemos en este último, es posible entonces que se diga que no hay incompatibilidad, ya que no se ha completado el tramite y por lo tanto continúa siendo diputado nacional y su participación legal, lo que tampoco es tan correcto.

Ya se dijo que es incompatible ser embajador y legislador, por lo que de una u otra manera, lo de Scioli cae en la previsión del artículo 72 de nuestra Carta Magna; esto es así ya que está cumpliendo funciones como embajador siendo todavía miembro del Poder Legislativo, lo que tornaría en irregular su actuación hasta el momento.

Pretender aceptar sin mas que se puedan bastardear las instituciones bajo argumentos voluntaristas, es algo que cualquier persona con valores democráticos debe rechazar de plano, sin importar el rol que se esté ejerciendo.

Si aceptamos que la Constitución Nacional es el contrato bajo el cual los argentinos han decidido vivir y que todas las acciones deben estar dirigidas a cumplir con ella, es repudiable lo ocurrido en el Congreso de la Nación, lo que solamente hace que siga siendo la Argentina “un país al margen de la Ley”, tal como la definió el maestro Carlos Santiago Nino en 1992. 

Germán Marcelo Farina

Abogado

Profesor de Derecho Constitucional (Universidad Nacional de Cuyo)