La Asociación de Magistrados de Mendoza rechaza la reforma jubilatoria

La Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza emitió este martes un comunicado en el que rechaza el proyecto de reforma del sistema jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación y que será tratado en los próximos días. 

La entidad asegura que el proyecto fue elaborado de manera "inconsulta" y "sin tener en cuenta la realidad de las provinicias como Mendoza", dado que muchas de ellas tienen las cajas transferidas a la Nación.

El comunicado completo

La Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza rechaza el proyecto, presentado por el PEN al Congreso de la Nación, que modifica el régimen jubilatorio de ley 24.018 que atenta contra la independencia judicial, el principio de intangibilidad de las remuneraciones y la inamovilidad en los cargos.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “La protección que el legislador ha dispensado al régimen de jubilaciones correspondiente a los magistrados no se sustenta sobre bases discriminatorias o de privilegio, sino que, por el contrario, goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las instituciones republicanas, tendientes a la independencia funcional y que se infieren de los principios de intangibilidad y de inamovilidad de los magistrados en sus cargos.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10/04/2001, “Gaibisso, César .A. y otros c. M. J.”, 324:1177, LA LEY 2001-D , 490 DJ 2001-2 , 813, AR/JUR/1226/2001).

El proyecto de reforma ha sido elaborado de manera inconsulta y sin tener en cuenta la realidad de las provincias, como la de Mendoza, que tienen sus cajas transferidas a la Nación.

La inminencia de la aprobación del proyecto, sin debate ni discusión alguna, ha provocado y provocará el retiro de magistrados/as mendocinos/as con gran experiencia y vocación de servicio, generando un vaciamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa, lo cual resentirá la prestación del servicio de justicia e implica una sutil intromisión de otro poder en el poder judicial que afecta el principio de división de poderes.

Este proyecto, trata de manera desigual y discriminatoria a las mujeres magistradas, al subir la edad jubilatoria a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres argentinas.

Este proyecto atenta contra las legítimas expectativas de los magistrados/as en actividad y pone en peligro “el ejercicio independiente y sereno de su función”. Tal como ya lo ha dicho la Corte Nacional: “El monto del haber que le corresponde a un juez jubilado forma parte de la expectativa de todo magistrado en actividad, quien -ya sea por un hecho fortuito (incapacidad sobreviniente) o por el transcurso del tiempo (cumplimiento de la edad requerida para el retiro o jubilación)- cuenta con tal régimen y haber para el ejercicio independiente y sereno de su función, que es lo que persigue la garantía constitucional de incolumidad de las remuneraciones.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10/04/2001, “Gaibisso, César .A. y otros c. M. J.”, 324:1177, LA LEY 2001-D , 490 DJ 2001-2 , 813, AR/JUR/1226/2001).

La Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza ha suscripto la declaración de FAM efectuada en la Ciudad de Corrientes el día 20 de febrero de 2020 y participa activamente, a través de la Sra. presidente y del Sr. vicepresidente segundo, de todas las acciones de la federación en busca de la mejor y pronta solución al tema jubilatorio. Así mismo, ha buscado diversos canales de diálogo para ser escuchados antes de la aprobación del proyecto a libro cerrado.

La Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza no desconoce la frágil situación del sistema previsional argentino y, está dispuesta a dialogar y a contribuir al mejoramiento del sistema a través de soluciones adecuadas que respeten la Constitución Nacional.

La Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, en razón de lo expuesto, exhorta a las autoridades correspondientes al diálogo y hace saber a sus asociados y asociadas que, ante la posible aprobación del proyecto sin ser oídos/as, se están haciendo las consultas respectivas para analizar la posibilidad del inicio de acciones judiciales.