Alta tensión en la Corte a días del inicio del año judicial

El jueves que viene arranca en lo formal el año judicial en Mendoza. Ese día se hará, como siempre, un acto protocolar a cargo del presidente de la Corte, con presencia del gobernador, en el que se realizarán balances y proyecciones. 

Pero el comienzo, este año, se encontrará marcado por una alta tensión hacia adentro de tribunales. La convivencia en la Justicia muchas veces es silenciosamente conflictiva, pero ese molde se rompió a partir de una abierta rebelión de todos los jueces civiles contra una acordada de la Corte que les retiraba el personal de los tribunales de gestión judicial asociada (Gejuas) para destinarlo a la Justicia de Familia.

La movida de los 30 jueces civiles dejó muy expuesta a la Corte en cuanto a sus divisiones. Jorge Nanclares había conseguido un nuevo mandato como presidente en ese escenario agrietado: ganó la votación apenas cuatro a tres. Y esa separación se replicó en el conflicto de la Justicia Civil.

En la semana, la Corte atendió por separado a los magistrados civiles, en dos reuniones consecutivas. Lo hizo así para evitar que quedaran a la vista de los jueces las "discrepancias" de dos grupos que están distanciados hace tiempo, por un asunto que excede los problemas en este fuero: la política.

Nanclares hace equilibrio entre los grupos enfrentados: Omar Palermo, Julio Gómez y Mario Adaro, por un lado; y José Valerio, Dalmiro Garay y Pedro Llorente por el otro. Consciente de que la acordada 29489 es la chispa que puede generar un incendio, salió a buscar diálogo con los jueces civiles y tendrá la semana que viene su desafío más importante.

Justo un día antes del acto de inicio del año judicial, el veterano magistrado deberá analizar en plenario con sus pares, quienes hasta ahora no se han querido juntar para discutir el tema, el destino de la acordada 29489 y los cambios que había dispuesto para la Justicia.

Nanclares y la grieta

En la previa de este plenario, ha quedado muy clara la división que afecta a sus integrantes. Palermo y Gómez (ministros opositores o filoperonistas) fueron impulsores de la acordada que firmó la Sala Administrativa y han dado señales de que todavía la defienden. Críticos de la decisión se han mostrado, en cambio, los ministros Dalmiro Garay y José Valerio, quienes están políticamente más cerca del Gobierno.

La sorpresa fue Nanclares, quien votó a favor de la acordada a pesar de que es juez civil y fue hace 12 años precisamente el padrino de los Gejuas, primera experiencia en Mendoza de "oralidad" en los procesos judiciales. 

Nanclares no ha explicado por qué lo hizo. Pero lo que sí está claro es que ha comenzado a desandar el camino.

El propio presidente de la Corte fue en búsqueda de los integrantes de los cuatro Gejuas antes de que terminara la semana.  De algún modo se disculpó porque la reforma fue "inconsulta" y acercó propuestas de solución.

 Entre ellas figura la creación de "una comisión de implementación plural con todos los sectores, Gejuas, Colegio de abogados y Asociación de Magistrados, entre otros, para que se llegue a la reforma más justa posible", según explicó a MDZ la jueza civil Roxana Alamo, una de las protagonistas del reclamo.

Alamo explicó que jurídicamente "está suspendido el traslado de prosecretarios hasta el 6 de marzo. Pero nosotros no defendemos solamente a los que son mano derecha, sino a todos los equipos de trabajo que nos apoyan en la oralidad".

Se trata de 60 personas y el administrador, a quien califican como "el protagonista del sistema de gestión".

Jueces heridos y enojados

Los jueces civiles han quedado en dar una respuesta a Nanclares antes del plenario del miércoles que viene y agradecen su actitud. Pero todavía están muy enojados: son magistrados que se sienten víctimas de una injusticia. 

Están heridos porque la Corte ha hablado de "personal ocioso" en la Justicia Civil y creen que los ha desvalorizado con la medida. Piden en ese sentido que se tenga en cuenta su labor, ya que si bien no generan penas de prisión, aplican castigos económicos de hasta 30 millones de pesos. 

Hay causas sensibles en pleno avance en ese fuero. Por ejemplo, la jueza Fabiana Martinelli, tramita actualmente una "acción colectiva" de todas las demandas presentadas por planes de ahorro de la automotriz Volkswagen Argentina.

Sostienen además que cada caso penal de impacto tiene un reflejo en la Justicia Civil a través de una causa por daños y perjuicios: la de los abusos en el instituto Próvolo, por ejemplo.

La reacción a una acordada que los afecta se ha convertido en una amenaza para el alto tribunal. Enviaron un pedido de informes en el que solicitaron que la Corte indique con qué personal cuenta y emitieron un recurso formal de derogación de la acordada 29.489.

"Pedimos que la Corte transparente el personal", explicó Alamo, y dijo que "la nota (a la Corte) apunta a que la reforma sea integral". 

La jueza también agregó conceptos de uno de los ministros afines al reclamo para reforzar su posición. "Lo ha planteado el doctor Garay: no se puede analizar fuero por fuero sin analizar la Corte. Aunque no nos aventuramos a decir que hay gente ociosa, término que ellos han utilizado con nosotros", afirmó.

"Si seguimos así vamos a tener dos fueros colapsados y vamos a volver atrás. Lo que estamos proponiendo es que todos trabajemos para mejorar", afirmó Alamo, quien no fue la única magistrada que habló públicamente del reclamo esta semana: también lo hizo su colega Martinelli.

Los planteos de las juezas civiles interpelan a toda la Corte, más allá de la grieta. Y es claro el objetivo: que se vea cuánto personal a cargo de la Corte (relatores, secretarios y funcionarios con sueldos equiparados a los de los jueces) podría colaborar para descongestionar los juzgados de familia.

En los Gejuas creen también que la Sala Administrativa no tenía atribuciones para tomar la decisión que adoptó (dicen que le hubiese correspondido al pleno de la Corte) y sostienen además que el traslado de personal se decidió a partir de "mediciones erróneas".

En efecto, la acordada habla de una carga de labores muy superior en los juzgados de familia a la que tienen en los civiles, pero desde los Gejuas sostienen que allí se realiza mucho trabajo "invisible", propio de la oralidad, que no queda reflejado por escrito en decretos y por lo tanto no figura en los sistemas.

Lo de las mediciones erróneas le asigna un lugar en esta novela al responsable de la Secretaría de Gestión, Carlos Quiroga Nanclares, quien es sobrino del propio presidente de la Corte.

Antes de la acordada que sacudió la convivencia en tribunales, Nanclares había buscado que la solución a la falta de personal llegara de afuera: solicitó que en el Presupuesto 2020 se destrabara el nombramiento de vacantes en el Poder Judicial, permiso que está congelado hace unos años.

El Presupuesto 2020 que votó Diputados no contempló este reclamo y la Corte sigue argumentando que decisiones como la acordada 29.489 están justificadas por la "restricción presupuestaria". 

Se trata de un reclamo al que no le ha puesto oídos el gobierno de Rodolfo Suarez ni, antes, el de Alfredo Cornejo. Por lo cual, en la breve semana laboral que se viene, Nanclares y el resto de los jueces deberán buscar otra salida.