Polémico proyecto K busca limitar al periodismo en causas por corrupción

Un insólito proyecto de ley, impulsado por cinco senadoras muy cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tiene todo los condimentos para generar polémica y provocarle un nuevo dolor de cabeza al presidente Alberto Fernández. 

El proyecto en cuestión propone un "control de convencionalidad" para las prisiones preventivas y establece una serie de supuestos que anularían la detención del acusado. Entre los supuestos se encuentra "la difusión en los medios de las acusaciones en su contra" y curiosamente sólo beneficiaría a los acusados por hechos de corrupción.

Según consigna Clarín, el texto del proyecto indica que "será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Luego agrega que toda detención de un sospechoso por corrupción podrá anularse ante la invocación de factores muy difíciles de probar o medir. El fiscal y las querellas tendrían 72 horas para opinar al respecto y otras 24 horas para resolver.

En su tramo más polémico, el proyecto de las senadoras K establece que se podrá pedir la anulación de la prisión preventiva si "la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

Es decir, si los periodistas informan sobre una causa de corrupción y un juez le dicta al acusado la prisión preventiva, el sospechoso puede pedir que lo liberen.

También podrán exigir la nulidad de las preventivas quienes crean que hubo una “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido”, y los que sospechen sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones de intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”. Ambos argumentos forman parte de la estrategia de CFK para sortear sus problemas judiciales.

La “intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones”, o cuando esos funcionarios “ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para afectar la independencia de los jueces o la autonomía de los fiscales”; y la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones aptas para afectar” esa independencia, son otras de las causas por las que se podría solicitar la nulidad de las preventivas si el proyecto avanza.

Si todas esas razones no fueran suficientes, los acusados por corrupción podrían reclamar por “la inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”. 

Además de limitar el trabajo periodístico, el proyecto también desafía a la Constitución al negar la posibilidad de apelar las resoluciones que hagan lugar a las nulidades de las preventivas. En cambio, si el juez rechaza los pedidos de los acusados, esa resolución sí podrá ser apelada, y deberá resolverse con la velocidad de un habeas corpus. 

Las autoras del polémico proyecto son las senadoras K María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Salvo la puntana Catalfamo, las otras cuatro integraban el bloque "cristinista" antes de la unificación con el PJ.