La Corte busca una fuerte reforma en la Justicia y despierta malestar

La Corte busca una fuerte reforma en la Justicia y despierta malestar

Por medio de una acordada, la Suprema Corte de Mendoza plantea cambios en el sistema. La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial afirmó que se hace de forma "inconsulta, antidemocrática y violatoria de los más elementales derechos laborales".

Federico Lemos

Federico Lemos

La acordada 29.480 de la Suprema Corte de Mendoza que se publicó este lunes, despertó la sospecha en la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de que se busca una reforma judicial "inconsulta, antidemocrática y violatoria de los más elementarles derechos laborales". Sin embargo, desde el Poder Judicial plantean que es una reorganización para optimizar un área que está ociosa.

Firmada por el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, y los ministros Omar Palermo y Julio Gómez, la acordada plantea el acompañamiento de la reformas institucionales para "agilizar el servicio de la justicia" y lo hará por medio de la reasignación de recursos humanos y materiales para la implementación.

También indica que la Corte "tiene la atribución de adecuar los recursos humanos y materiales, en el marco de la ley, conforme a las nuevas necesidades y posibilidades tecnológicas". Entre ellos, la creación de 10 nuevos cargos para jueces (para Las Heras, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Lavalle, San Rafael, San Martín, Tunuyán y dos para el Tribunal de Mitre y Montevideo). Pero para esto necesita el aval de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Además, aseguran que el fuero civil cuenta con 30 jueces; por lo cual la carga laboral es de aproximadamente de 288 procesos por cada magistrado. Mientras que en el fuero de familia, hay 13 jueces en la Primera Circunscripción por lo que carga laboral es de 2229 procesos por cada magistrado. Con la acordada, señalan que se busca reorganizar el sistema y mejorar el servicio.

Pero el gremio declaró el "estado de alerta y movilización general del conjunto de las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia" porque afirma que es un "intento de avanzar en una reforma judicial inconsulta, antidemocrática y violatoria de los más elementales derechos laborales".

"En efecto, una decisión como la plasmada en la Acordada 29.489, de fecha 17 de febrero de 2020, no puede ser sino el resultado de un amplio, profundo, calificado y democrático debate de toda la sociedad mendocina. Y eso no ha ocurrido", comunicaron desde el sindicato.

Sin embargo, reconocen la gravedad de la crisis que atraviesa el sistema judicial argentino, tanto en el orden provincial como nacional: "Frecuentemente atravesada por oscuros intereses económicos y políticos, carente de transparencia, y casi siempre lenta cuando no tardía en sus decisiones, la justicia reclama una urgente reforma".

Pero eso, indican, no puede ser solamente el producto de tres miembros de la Suprema Corte provincial -Nanclares, Palermo y Gómez-. "El sistema judicial es parte del sistema democrático y su reforma compete a la sociedad toda. No basta con decir que se ha puesto la visión en el ciudadano. La reforma no puede ser el resultado de una élite de iluminados que miran a los mendocinos sino la obra de todos los ciudadanos a través de sus instituciones democráticas", manifestaron.

"La Suprema Corte no tiene las atribuciones para modificar las condiciones de empleo y trabajo de los agentes del poder judicial, sino que ello solo puede surgir de una comisión paritaria, tal y como manda la ley. La Corte debe empezar por cumplir ese compromiso y sentarse a negociar ya el convenio colectivo de los trabajadores judiciales, como corresponde legalmente y como lo exigió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2012. Los trabajadores no son, como los denomina la acordada, 'recursos humanos'. Son trabajadoras y trabajadores, ciudadanas y ciudadanos, con derechos y obligaciones, pero no objetos manipulables", comunicaron.

 

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