Un "aumento" en el que la mayoría pierde y que denota el quebranto de la ANSES

Hay dos ventajas que tiene Alberto Fernández para no tener problemas mayores ante el virtual congelamiento de los ingresos de la mayoría de los jubilados que aportaron durante 30 años o más: una enorme habilidad para comunicar de manera engañosa los datos y un blindaje político y social que logró gracias a la coalición con la que formó gobierno.

Ni el aumento a los jubilados es del 13%, ni los “beneficiarios” de un aumento de esa magnitud son 13 millones. La generalización de los datos le jugó a favor. El universo que mencionan desde la ANSES incluye a quienes reciben cualquier tipo de asignación. Por eso quienes recibirán el 13% de aumento es un universo más pequeño, pero además es una suba arbitraria que depende del "benefactor" que firma el Decreto; es decir se ejecuta sin cumplir lo que la Corte determinó hace años.

Lo cierto es que si se toma la escala con que se aplicará la suba de marzo, los grandes perdedores son las personas que son jubilados, que aportaron y que no ganan la mínima, pero tienen un ingreso muy bajo. Es decir, aquellos que, por ejemplo, ganan 20 mil pesos, que están bajo la línea de pobreza y que tendrán una suba de menos del 10%.

El dato de fondo es el reconocimiento del  quebranto que tiene el sistema previsional argentino. Ocurre con la letra de la “Ley de solidaridad” y con el aumento decretado por Fernández. Pero también lo advierten desde la oposición y los especialistas: el sistema no es sustentable y por eso el propio Fernández disimuló su promesa de aumentar el 20% las jubilaciones y, en cambio, congeló la mayoría de ellas.

El problema es que el ajuste lo paga un sector vulnerable de la sociedad que ha vivido una montaña rusa en los últimos 25 años. La administración de los fondos de jubilación pasó de ser provincial a nacional; del sistema de reparto al de capitalización; de la estafa de las AFJP al clientelismo excesivo de la ANSES; de la reestatización a los juicios; del fallo Badaro a la sentencia de la Corte Suprema; de los aumentos por “dádivas” a la movilidad y luego a la reparación histórica. Y de la movilidad, al nuevo aumento por Decreto.

Los datos

El sistema previsional tuvo un salto enorme en la cantidad de personas que dependen de esos recursos con la moratoria (que incorporó millones de jubilados que no habían completado sus aportes o que no tenían ninguno) y cuando se usó el fondeo de la propia ANSES para cubrir necesidades urgentes y nuevos esquemas de protección social. El problema es que no se generaron más recursos. Entonces es la misma masa de recursos a repartir en más personas.

Esa es otra de las consecuencias de la falta de generación de riqueza en el país. Hace una década que Argentina no crece, que no se genera empleo genuino, que no hay inversiones que dinamicen la economía. En Argentina hay un tercio de la población marginada de la actividad; de la producción. Y entre quienes trabajan, la mitad lo hace de manera informal; sin estar registrado y sin acceder a los derechos y obligaciones que ese marco da. El sistema previsional es el uno de los que más sufre las consecuencias por la falta de fondeo. Si sigue esa lógica, el quebranto será peor.

Según la información oficial de Anses, de las 8,4 millones de jubilaciones y pensiones que se pagan, 3,4 millones son personas que ingresaron por moratorias,  y 1,5 millones son jubilaciones del “régimen general”. La relación es de 2 a 1.  “Al analizar la edad promedio de los beneficiarios según tipo de beneficio y régimen se observa que los beneficiarios por Moratoria (por su más reciente incorporación) promedian entre 2 y 6 años menos de edad que los del régimen general”, explican desde la ANSES.

La mayoría de quienes reciben hoy una jubilación mínima son quienes ingresaron justamente por alguna de las moratorias y que "proporcionalmente" tendrán un aumento mayor. “En cuanto a la proporción de beneficios con haber mínimo (HM), dentro de las moratorias oscila entre 83%. Es mucho menor la proporción en los beneficios del régimen general donde oscila entre 27% (JUB) y 61% (PF directas). Entre los regímenes especiales la incidencia de haberes mínimos no supera 12% en ningún tipo de beneficio”, aclaran. Los regímenes especiales incluye a policías, jueces, docentes y otros. 

Los 1500 pesos más del 2,3% de aumento que recibirán los jubilados impacta de manera diferente, pero que en poco tiempo probablemente se licúe.

La canasta de consumo de los jubilados, que en su mayoría están por debajo de la línea de pobreza, es la que más aumentó. En un mes, en Mendoza, los alimentos subieron 3,5%. La proporción de recursos que los jubilados destinan a esos bienes es mucho mayor que la mayoría. Lo mismo con los medicamentos. Por eso difícilmente se cumpla lo que el Gobierno pretende: que el aumento impacte con un “shock” de consumo.

Seguramente será para algunos bienes básicos y para saldar deudas. Curiosa coincidencia: hoy los argentinos más vulnerables tienen un problema porque se han endeudado para poder sostenerse en la vida cotidiana. Y el Gobierno tiene como prioridad número uno, pagar la deuda que también sienten imposible de afrontar.