Es ley: el aborto es legal en Argentina luego de una histórica sesión del Senado

"¡Es ley!", se escuchó adentro y afuera del recinto. La frase retumbó en el Senado y en la periferia, donde miles de personas estaban en la vigilia. La legalización del aborto es una realidad en Argentina. El Senado sancionó la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y reglamenta esa práctica. Tras una sesión histórica, la Cámara Alta aprobó el proyecto que envió el Gobierno y ya tenía media sanción de Diputados. Es la segunda vez que el Congreso trata el tema, tras lo ocurrido en 2018. Ahora queda la promulgación por parte del Ejecutivo para que se permita la interrupción de los embarazos hasta la semana 14 de gestación. 

El proyecto fue aprobado por 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. 

El debate en la Cámara de Senadores comenzó pasadas las 16 y contó con la exposición de 59 senadores, con una división muy pareja entre quienes estaban a favor y en contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Entrada la tarde se empezaron a conocer indicios que auguraban un final positivo para quienes militan por el aborto legal, seguro y gratuito, ya que algunos de los legisladores indecisos se volcaron a favor del proyecto. Allí fue clave el compromiso del oficialismo a aplicar una modificación en la ley a través de un veto parcial que hará el presidente Alberto Fernández cuando la promulgue. 

Entre los votos clave estuvo el de la senadora Silvina García Larraburu, quien en 2018 había votado en contra del proyecto, anunció que en esta ocasión iba a cambiar su postura y acompañaría con su voto positivo.

El debate se extendió durante largas horas, ya que cada orador contaba con 10 minutos para exponer su postura y, además, sobre el final cada presidente de bloque tuvo 25 minutos para hacer su exposición final. Luego de las 4 de la mañana Cristina Fernández de Kirchner, como titular del Senado, llamó a votar. El secretario preguntó uno por uno y el resultado quedó expuesto: se aprobó finalmente el proyecto que convirtió en ley la consigna "aborto legal, seguro y gratuito en Argentina".

La ley despenaliza el aborto, permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin mediar requisitos. Además exige garantizar el acceso a esa práctica en todos los efectores de salud. En Diputados se incorporaron algunos cambios a la idea original, como aplicar más rigor a la objeción de conciencia por parte de los médicos y las instituciones. Es que en la ley no se prohíbe la objeción institucional. 

La votación no fue "partidizada", sino que el tema atravesó a las fuerzas políticas. La culminación del debate estuvo a cargo de dos legisladores por bloque: uno a favor del proyecto y otro en contra. La mendocina Anabel Fernández Sagasti fue quien cerró en el caso del oficialismo. La legisladora arraigó gran parte de su discurso a lo que pasa en Mendoza y cuestionó la falta de educación sexual en la provincia. Luego habló el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien está en contra y cuestionó la legitimidad del proyecto que se estaba por aprobar. El oficialista incluso sugirió, al igual que otros senadores, que la norma podría ser cuestionada judicialmente. 

Las claves del proyecto

• Se regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto.
• Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a un aborto legal hasta la semana 14 de gestación.
• El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
• En los casos de los menores de 16 que decidan abortar se requerirá su consentimiento informado.
• Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
• Se permite la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud que no quieran realizar la práctica
• El aborto debe realizarse en un plazo no mayor a los 10 días desde que se solicita la práctica.
• Se crea un nuevo delito: serán condenados quienes dentro del sistema de salud obstaculicen la realización de un aborto legal.