Por qué, por ahora, Suarez le sacará el brazo a la jeringa

Por qué, por ahora, Suarez le sacará el brazo a la jeringa

El gobierno provincial respalda la vacuna Sputnik, pero Rodolfo Suárez decidió que por ahora no se vacunará para dar el ejemplo. "Yo me voy a vacunar cuando me toque", le dijo a Alberto Fernández. El operativo comienza el martes, la ministra Ana María Nadal sí se vacunará.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Entre felicitaciones de parte de un grupo de gobernadores al presidente y cuestiones vinculadas a la logística que implicará el arranque del proceso de vacunación, el zoom del sábado a la tarde entre Alberto Fernández y los mandatarios se detuvo por largo rato en un punto: si los jefes de Estado en el interior debían vacunarse o no en primer término, como forma de dar el ejemplo y despejar las dudas que existen en una parte de la población acerca de la efectividad y seguridad de la Sputnik V, por ahora, el único antídoto con el que podrá contar la Argentina para intentar ponerle fin a la pandemia del coronavirus.

Rodolfo Suarez escuchó los argumentos a favor de sus colegas, sobre todo los oficialistas, y a su turno soltó su postura. “Yo me voy a vacunar cuando me toque, no antes”, dijo, posición que fue respaldada solo por un pequeño grupo entre los que estaba el santafecino Omar Perotti.

Fue Ana María Nadal, la ministra de Salud, entre otros, quien en los últimos días apostaba a que Suarez apareciera el martes en público ofreciendo su hombro para aplicarse la vacuna rusa y que esa foto sirviera de impulso para que, aquellos que tuvieran dudas, las terminaran despejando. Las autoridades sanitarias de la provincia apuestan por la efectividad de la Sputnik y, más allá de los cuestionamientos de Juntos por el Cambio a nivel nacional, promoverán su aplicación en los próximos días al entender que, por ahora, es la herramienta más efectiva a mano para buscarle la salida al problema.

El gobernador va en ese sentido también. Aunque le haya sacado el brazo a la jeringa en lo inmediato. Prefirió evitar que su actitud sea considerada como un privilegio y esperará para inmunizarse cuando sea su turno. La ministra, como personal de la salud, hará público su pinchazo casi con seguridad pasado mañana.

Ginés González García fue el encargado de dar los detalles en ese encuentro virtual, del operativo que arrancará el martes en todo el país y que implicará para Mendoza la llegada de 11.000 dosis (de las 300.000 que llegaron procedentes de Moscú el jueves pasado) y que serán aplicadas, en primera instancia, al personal que trabaja en los hospitales. La logística requerirá no solo de una coordinación precisa, sino que además deberá ser dotada de rapidez. Salvo en algunas zonas de difícil acceso en la Patagonia, las drogas llegarán a la provincia por tierra (Andreani será una empresa clave en la implementación del operativo) porque, según relató Ginés, la refrigeración de la Sputnik habilita una ventana de 60 horas. Mendoza ya tiene acondicionado los lugares en donde la acopiará, pero deberá actuar velozmente al momento de aplicarla: esta vacuna, una vez fuera del frío que precisa, se descongela en menos de siete minutos y su efectividad dependerá de que se la aplique como mucho a la media hora de que esto suceda.

Desde lo sanitario, Mendoza apuesta a la vacunación como manera de intentar detener lo que se avecina. La primera quincena de enero será clave para determinar si, como ocurre en parte del país y en el AMBA fundamentalmente, el aumento sostenido de casos hace prever que la llegada de la segunda ola de contagios está más cerca de lo que se esperaba. En la provincia ya se detuvo la caída de nuevos casos y lo que se aguarda es un rebote, tal como viene sucediendo en Capital Federal y Buenos Aires desde hace algunas semanas. Un dato alivia todavía: el índice de positividad (es decir los casos que se confirman sobre los testeos realizados) todavía es bajo. En el pico de la pandemia ese indicador llegó a superar el 40% y hoy se encuentra en el 13%.

Desde lo económico, la vacuna podría funcionar también como elemento vital de lo que será el gran objetivo de gestión para el año que comienza. Ante una crisis que el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, calificó como “peor que la de 2001”, la preocupación central será la generación de empleo para que los nuevos pobres que dejó la situación económica de 2020 no se conviertan en integrantes de la pobreza estructural. En Mendoza, según el INDEC, el 41,5% de la población está por debajo de la línea de pobreza (unas 400.000 personas) mientras que casi el 7% está en la indigencia (casi 90.000 personas).

¿Cuál será la estrategia para salir del problema? No es una novedad afirmar que la mirada está puesta fundamentalmente en la reactivación económica a nivel nacional y que la herramienta de Suarez será respaldar, con fondos del Estado, la mayor cantidad de programas de recuperación del empleo posibles. El gobierno cierra el año con otra mala en ese sentido. Por el agravamiento de la crisis sanitaria en los países limítrofes y el cierre de fronteras, se cayó la expectativa de que durante la temporada de verano el turismo logre un repunte porque, como ya se resignan, no habrá ni chilenos ni brasileros que lleguen hasta acá a gastar sus dólares.

Pero la expectativa por la llegada de la vacuna contra el coronavirus, le podría permitir al Gobierno salir del caso que lo convulsionó en los últimos días como fue el femicidio de Florencia Romano y, sobre todo, saltar la responsabilidad del Estado en esa muerte por el mal accionar del 911.

Suarez resistió hasta acá el embate opositor no solo para que el ministro de Seguridad, Raúl Levrino y el jefe de la Policía, Roberto Munives, renuncien a su cargo. Sino que también evitó por ahora que los dos funcionarios sean interpelados en la Legislatura. Es verdad que los bloques opositores buscan exponer a los dos representantes clave de las políticas de seguridad de este gobierno y del anterior, pero no es menos cierto asimismo que tanto Levrino como Munives no dieron aún las explicaciones suficientes acerca de lo ocurrido.

Desde el primer día, a nivel oficial se descargó toda la furia sobre la operadora Soledad Herrera, quien además fue imputada por el fiscal Jorge Calle por “abandono de persona en contexto de violencia de género en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Herrera fue quien cortó la comunicación de ese llamado que realizó un vecino que alertaba sobre un caso de violencia de género y se presume que, si la policía hubiese atendido ese pedido de auxilio, la adolescente de 14 años podría haberse salvado.

Ahora bien. Si desde lo político Suarez entienden que por ahora lo peor ya pasó por este caso, a largo plazo el problema lo puede llegar a tener el Estado. La familia de Florencia se constituyó en querellante de la causa y sus abogados ya anticiparon que "la responsabilidad de Estado es enorme", a raíz de la mala actuación de la operadora del 911. "Se le quitó la chance de que Florencia estuviera viva y eso es imperdonable. Nosotros vamos a buscar a los responsables y vamos a llegar hasta el final”, dijo uno de esos letrados, Cristian Vaira Leyton.

A nivel nacional, en un caso paradigmático, la Justicia encontró en 2017 responsable al Estado por no haber cumplido su deber en un hecho ocurrido en 2010 en la ciudad de Buenos Aires. La sentencia fue por el femicidio de Mirta Graciela Schossler, quien terminó degollada por su esposo, José Daniel Aguirre, Él la mató ante un descuido de los dos policías que lo habían acompañado a retirar sus pertenencias al hogar conyugal, mientras existía una prohibición de acercamiento dictada por un juzgado como consecuencia de una denuncia por violencia doméstica que había realizado la mujer unos días antes.

Después de matarla, el hombre se suicidó. La Justicia ordenó pagarle una indemnización de $2.000.000 a cada una de las dos hijas de la pareja y responsabilizó al Estado por el accionar de los policías. Uno de ellos, había subido con el victimario y se quedó esperándolo afuera del departamento. El otro, directamente se quedó aguardando abajo custodiando el móvil policial. Esa resolución judicial del caso, entienden, podría ser tomado como antecedente de lo que ocurrió con la policía de Mendoza.

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