Quién controla a la policía: ¿error puntual o pereza general?

Quién controla a la policía: ¿error puntual o pereza general?

El Gobierno apunta contra una operaria por la negligencia en el caso del femicidio de Florencia Romano. Pero analizan si es un mal general o un caso puntual. Cómo funciona la gestión de la seguridad en Mendoza.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

Un llamado al 911 a dos minutos de terminar el turno laboral de quien atiende. Un llamado de auxilio desatendido. Una policía que cortó el teléfono y nadie para controlarla. Un asesinato brutal que fue advertido que podía ocurrir. Un error de gestión de la emergencia. El femicidio de Florencia Romano puso de relieve las falencias del sistema de prevención de los delitos. Mendoza tiene los protocolos de acción para casos de violencia de género y de delitos infraganti. También tiene la tecnología para acción rápida: desde GPS en cada móvil, cámaras y comunicaciones encriptadas, hasta teléfonos de emergencia. Pero falló el "factor humano". El error estuvo en la gestión. El 911 depende del jefe operativo del CEO, el inspector Juan Valle.

La impericia en el accionar de la policía generó tensión interna y externa sobre el sistema de seguridad. Se sumó también el operativo de contención luego de la marcha de reclamo de justicia que terminó con edificios incendiados. El Gobierno puso toda la carga sobre el error de una operaria. La duda es si la inoperancia en la gestión de las emergencias responde a un caso particular o es una pereza estructural. El problema es que la pereza en el Estado se transforma en negligencia. 

El gobernador Rodolfo Suarez se comprometió ante la familia de Florencia en ser su voz. Los padres reclamaron al Gobernador por la mala respuesta del sistema: el llamado al 911, la falta de sensibilidad para recibir la denuncia de paradero y todos los otros errores que hubo en un caso que fue rápido para hallar al culpable, pero lento para prevenir y contener a las víctimas. 

Rompecabezas interno

El Ministerio de Seguridad y la policía son organismos verticalistas, como en todo el mundo. En Mendoza tiene particularidades especiales. Tras la reforma producida a fines de los ´90, cada Gobierno puso una impronta que afectó de manera sensible la gestión en seguridad. En la era de Carlos Ciurca, quien gobernó la policía durante 8 años, los mandos mayores de esa fuerza recuperaron poder, negocios y control. Hubo momento de clímax negativos como el intento de revuelta por problemas salariales y los negocios detectados con las horas extra. 

Alfredo Cornejo tomó el tema de manera personal. Había sido ministro de Seguridad dos veces y dejó una semilla sembrada: siempre tuvo acceso a información de lo que pasaba adentro. Por eso era el real Ministro durante su gestión. El actual Diputado Nacional achicó bruscamente la cúpula policial, retiró y echó comisarios generales (pasó de 45 a 12), también los comisarios inspectores (pasaron de 74 a 30) y aumentó el rigor del control desde el Cuarto Piso de Casa de Gobierno. A Munives lo nombró y lo sostuvo él. Había una máxima en la gestión política del propio Gobierno: cumplir en lo salarial y administrativo, exigir con rigor a las órdenes y mandos que se dan. 

Suarez dejó la policía a cargo de Munives y también a buena parte de la cúpula política del Ministerio de Seguridad. Sumó a Raúl Levrino como ministro, un funcionario que venía de la gestión municipal pero ya había estado en esa cartera como Subsecretario y Director. Conoce la "casa" de calle Salta, pero ha tenido bajo perfil.

El Gobernador tiene una forma de gestiona más delegativa que obsesiva. En el tema Seguridad también. La oficial acusada por el Gobierno no era improvisada. Tenía experiencia en la policía y también en el CEO. Suarez se comprometió ante la familia a responder a sus reclamos. La duda es qué tan profundo cree Suarez que es el problema.

La gestión también quedó expuesta en el manejo de la crisis en la calle. En la marcha por el pedido de justicia por Florencia había familias, dirigentes políticas de todos los partidos y referentes sociales. El Gobierno sabía que sería masiva y sabía que podía haber problemas por la situación. Al ser una marcha espontánea no había vínculo con los organizadores y eso complicó la coordinación.  El Gobierno decidió no actuar preventivamente con el patrimonio (no se vallaron los edificios) y para evitar males mayores tampoco sobre los hechos consumados. Ahora también quedó bajo análisis interno si fue la decisión correcta o no. 

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?