Fin de año crítico: temen que haya más desbordes violentos

La decisión tomada fue de altísimo riesgo. Y podría tener consecuencias a futuro si, como se vio el viernes por la noche, ese sector violento de la sociedad, que además es difícilmente identificable para las autoridades provinciales, continúa apostando por generar un clima de desestabilización en Mendoza.

Cuando la protesta masiva por el brutal femicidio de Florencia Romano comenzó a mostrar los primeros síntomas de desmadre, Rodolfo Suarez dio la orden: que la policía no intervenga, aún si se generaban destrozos, como se generaron, en espacios públicos o privados. La instrucción fue que no había que provocar con la Policía a los manifestantes que estaban ocasionando los disturbios. Y el argumento utilizado para sostener la medida fue intentar evitar la victimización de los violentos si se hubiera producido la esperada represión de las fuerzas de seguridad.

“Los daños materiales los arreglamos con plata, aunque sea mucha. De un muerto en la calle no se vuelve”, fue el razonamiento que le transmitió Suarez en ese momento crítico a su ministro de Seguridad. El resultado es conocido y en la tarde del sábado posterior a los incidentes, el propio gobierno salió a cuantificar en dinero el saldo de los destrozos que afectaron a la Casa de Gobierno y, principalmente, a la Legislatura.

Existe ya a esta altura un karma para este gobernador: el temor a que los desbordes violentos en protestas sociales derive en muertes. Es lógico que un gobernante se enfrente a esto que, sin dudas, debe ser el peor de los demonios. Pero para Suarez es una constante: el mismo pavor fue lo que lo llevó, hace un año exactamente, a frenar el avance de los cambios en la Ley 7722 cuando creyó ver, en las manifestaciones en defensa del agua, la posibilidad latente de que esa oposición en las calles a la minería terminara con algún saldo fatal.

En las horas previas a la marcha, el gobierno tenía una certeza y es que sin duda se iba a manifestar allí el malestar por el accionar de Estado, por esa falla vital e inexplicable en la que un vecino de Maipú alertó al 911 por un posible caso de violencia de género y la mujer policía que lo atendió directamente desoyó el llamado. La cronología de los hechos marca que, casi con seguridad, mientras esa persona estaba intentando procurar el socorro policial, a pocos metros de su casa estaban asesinando brutalmente a Florencia.

Pero esta apunta a ser una de las pocas certezas que existe a nivel oficial acerca de lo que ocurrió. La otra, es que los violentos no surgieron del colectivo Ni Una Menos, masivamente presente en la marcha.

¿Quiénes fueron entonces los que integraron ese grupo de lúmpenes que prendió fuego parte de la Legislatura? No se sabe. Las acusaciones del Gobierno van desde sectores radicalizados de La Cámpora hasta militantes del Partido Obrero. Aunque en este punto algo los desconcierta para lograr hallar responsables de manera directa: en la marcha no existían banderas que identificaran a ninguna agrupación política. Durante la mañana del sábado comenzaron a analizar los videos de los disturbios para intentar identificar a alguien y proceder a denunciarlo. Hasta aquí, solo se logró visualizar en las imágenes a un grupo de skaters que serían habitués de este tipo de manifestaciones.

Suarez sintió el impacto de todo lo que ocurrió. El ministro del Interior, Wado de Pedro, lo llamó el viernes en una clara señal de preocupación de la Casa Rosada por lo que estaba ocurriendo y se puso a disposición. El gobernador agradeció la ayuda, pero rechazó cualquier tipo de intervención de las fuerzas de seguridad federales con el mismo argumento que le había dado a Raúl Levrino: había tomado la decisión de no reprimir.

Para el mandatario, el peso de la muerte de Florencia es doble. No solo porque en Mendoza se agrega un nuevo nombre a la trágica lista de femicidios registrados en los últimos años. Sino que, como ya pasó en casos anteriores, una falla gravísima del Estado derivó en una muerte que podría haber sido evitada. El gobernador se reunió con los padres de Florencia el viernes a la mañana y se encontró no solo con una escena de profundo dolor. Sino también que debió enfrentar la bronca de la familia por la denuncia que el 911 desoyó y que, quizás, podría haber evitado lo que finalmente ocurrió. “Yo voy a canalizar toda esa bronca que ustedes tienen”, les dijo, tratando de contener.

Desde lo político, no se buscarán responsables y, por ahora, todo recaerá sobre la policía que no respondió el llamado. Incluso se buscará determinar responsabilidades penales sobre ese accionar, con una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otra por abandono de persona que ya están en curso. Pero nadie renunciará. Ni siquiera el jefe de la Policía, Roberto Munives, quien trató de despegarse rápidamente del escándalo  apelando a un recurso muy cuestionable siempre y más aún en este tipo de casos.

“Son miles de llamadas las que ingresan al CEO. Es un trabajo muy delicado de encontrar todas las llamadas y, finalmente al encontrase una llamada, es que se somete ésta a compulsa para proceder a la investigación y llegar precisamente a la real verdad del hecho que nos atañe. Hechos como estos son evitables, precisamente a través de la educación, del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir, precisamente, porque debemos tener ante todo en el seno familiar un diálogo de apertura”. Cero perspectiva de género y revictimización de la familia son, al menos, dos de las reacciones alarmantes que se desprenden de quien, desde hace cinco años, ya está al frente de la fuerza.

El gobierno no buscó dar una explicación para lo que sucedió en el momento en que alguien encendió la alarma llamando a la Policía.  A esta altura (con una investigación interna de la Inspección General de Seguridad en marcha) lo que pasó,  ya está claro. La operadora del CEO que a las 18.58 del sábado 12 recibió un llamado de alerta por la posible comisión de un delito de violencia de género, directamente, cortó la comunicación.

Alguna defensa ensayó, cuando debió hacer su descargo, y fue que se sintió agredida por quien estaba haciendo la denuncia. En el repaso del audio de la llamada puede escucharse que el vecino de esa vivienda en Maipú, en un tramo de la conversación, se molesta ante la insistencia policial para precisar el domicilio.

- “¿Usted es policía o no?”, la interpela el vecino ante las dudas del efectivo que no lograba dar con la ubicación exacta.

Esa frase, que ni siquiera tuvo un tono agresivo, fue suficiente para que la operadora diera por finalizada la comunicación. Y no hiciera más nada.

¿Qué debería haber hecho? El protocolo la obliga a enviar un móvil al lugar y más en casos de violencia de género que son prioridad. Si se corta la llamada, la obligación es volver a llamar porque el número queda registrado en el sistema. Pero además ( y aquí se profundiza el desconcierto y el malestar de los funcionarios) la operadora del 911 ni siquiera dio aviso a su supervisor de lo ocurrido. “Podría haber dado parte de que tuvo un entredicho con un denunciante para que, al menos, otro siguiera el curso de esa llamada”, se indignan en Seguridad. Un detalle: la eterna falta de profesionalismo en muchos sectores de la actividad pública puede ayudar a entender este despropósito. A las 19, menos de un minuto después de cortar, a la policía se le cumplía su horario de trabajo.