El efecto cascada de la decisión de la Corte: la Justicia como botín político

Una sentencia argumentada desde el frío de la corrección, pero que oportunamente se desentiende de los efectos políticos que genera. La Corte Suprema  tomó una decisión que se ejecuta con pericia de cirujano sobre un grupo de jueces que son objeto de tensiones por haber sido parte de causas donde se investigó corrupción o tener que hacerlo. Pero generó un efecto cascada hacia adentro del sistema de justicia. Hacia abajo las repercusiones son mayores. 

La Corte le dio plazo de salida a los camaristas Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia. Declaró inconstitucionales a los traslados de los jueces, por lo que pone en duda más de 60 movimientos que ocurrieron desde los 90 en adelante y también se muerde la lengua sobre sus propios dichos. En el mismo fallo, permite que dos de los jueces que fueron, por pedido suyo, trasladados a la Cámara Federal se mantengan en el cargo pero de manera interina: hasta que el Consejo de la  Magistratura, el Presidente de la Nación y el Senado nombren jueces definitivos.

La decisión que los vacía de poder. Es que si la inamovilidad de los jueces genera un grado de certeza y fortaleza para ejercer su función, ser interinos relativiza ese rigor. Sean seis meses, como se ilusionan en el Gobierno, o dos años, como creen que durará el proceso de nombramiento, los jueces sobre los que apuntaba el kirchnerismo (solo habían cuestionado unos pocos traslados de más de 60 realizados, muchos por la propia vicepresidenta) tienen los días contados. Incluso se especula con que renunciarían y dejarían definitivamente vacantes otros cargos en la Cámara más deseada de la Justicia Federal. 

Pero si se habla de vacío de poder quien está en peor situación es el propio presidente de la Corte. Carlos Rosenkrantz votó en soledad y en disidencia. Fractura expuesta. 

Efecto cascada

El efecto cascada se produce porque si los jueces trasladados deben volver a sus tribunales originales, la duda es qué pasa con quienes ocupan ahora sus lugares. Cada reemplazo generó una vacante que fue cubierta, incluso con concursos en algunos casos. La reversión de todo el proceso es algo que la propia Corte no ha resuelto.

Analistas jurídicos consultados por MDZ coinciden en que la decisión de la Corte tiene un lado técnico positivo y necesario: pone fin a la mala costumbre de usar mecanismos de excepción de manera demasiado habitual. "El Poder Ejecutivo no va a poder cubrir vacantes mediante traslados", explican. Claro, deja de manera endeble a los casi 60 jueces que han sido trasladados por los presidentes Carlos Menem, Fernando De La Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Sí, ningún presidente evitó la tentación. La otra cuña que deja la Corte es que para cubrir las vacantes no se pueden usar los concursos que ya están abiertos. En el caso de la Cámara Federal es clave, pues hay un proceso abierto para ocupar dos de las vacantes, pero no son las que se ponen en discusión ahora. 

El análisis netamente jurídico es cuestionable porque la Corte no es un agente ingenuo desde el punto de vista político. Lo sabe el ex presidente Ricardo Lorenzetti y también quién lo reemplazó.

En Tribunales federales explican que el gesto del Tribunal tiene un impacto enorme. Primero porque se entiende que el máximo Tribunal le quitó respaldo a mucho de sus "gobernados". Además, porque "se desentiende del contexto político" en el que se tomó la decisión. La Corte hace como si no importara la política, cuando ocurre todo lo contrario: quien impulsó la iniciativa para removerlos de la Cámara es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que controla políticamente el Senado, el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Acuerdos y también es el cerebro del área judicial del Gobierno. 

El origen del problema es una irregularidad que se hace costumbre en Argentina. La demora la ocupación de los cargos en la justicia genera una fragilidad institucional que agrieta a la justicia y la hace permeable a la manipulación de la política. Mucho más de lo que las normas establecen. Ahora más de 50 jueces pasan a ser interinos. Más de 50 cargos se agregan a la bolsa de vacantes que el Gobierno puede tomar para reemplazar y que podría ser mucho más abultada si se aprueba la reforma judicial. 

La disputa por los tres camaristas movidos, el intento de reforma de la ley del Ministerio Público, la reforma judicial para sumar más juzgados y cambiar las competencias, el análisis sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y su posible ampliación. La agenda judicial del Gobierno se acelera. 

Botín de guerra

El contexto en el que se debate hace que la Justicia sea cada vez más un botín de deseo político. Si es el Poder que debe agregar garantías, cada vez más es el que genera dudas. 

Las tensiones hacen difícil que se concreten acuerdos que podrían encaminarse, como buscar la renovación en algunos juzgados sobre los que hay "consenso" en cuanto a los problemas de funcionamiento y hasta sospechas sobre el desempeño de los jueces que ocupan los lugares. Ocurría incluso en Mendoza: entre la UCR y el PJ hay acuerdos tácitos sobre sectores que funcionan mal y que hasta podrían ser objeto de investigaciones. Sin embargo parece cada vez más difícil que haya acuerdos. Desde mayo del año pasado se rompieron los vínculos en el Senado para buscar puntos en común y la Justicia pasó a ser botín de guerra. En Juntos por el Cambio, por ejemplo, tampoco son actores ingenuos y hay sectores de esa alianza que lo que buscan es tener ellos el poder de influencia. 

El sistema institucional argentino tiene una trabazón que permitiría un funcionamiento más o menos equilibrado; siempre gobernado por la política, pero con mecanismos que deberían garantizar transparencia. En la vida cotidiana la ejecución de esa maquinaria está aggiornada: las excepciones se hacen regla, las picardías costumbres.