Una contadora de la STM que fue acusada de estafa renunciará a su cargo

Una síndica de la empresa de colectivos que controla el Estado provincial renunciará al cargo debido al avance de una causa judicial en su contra.

Se trata de Marisa Maldonado, quien está procesada en la Justicia Federal como integrante de una organización que emitía facturas truchas, con un perjuicio millonario para el Estado Nacional.

El juicio continúa y la síndica arriesga una pena de cárcel. También esta procesado en la misma causa su marido, el ex legislador del Partido Demócrata Armando Morón, tal como adelantó este diario en agosto.

Según informaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, la contadora Maldonado "comunicó el viernes que este miércoles (por hoy) presentará la renuncia".

"No teníamos conocimiento de la causa judicial", aseguraron los funcionarios de ese organismo, a pesar de que el juicio por las facturas truchas comenzó en agosto. También dijeron que la síndica "no cumple funciones de gestión".

Su designación, de todos modos, claramente tuvo origen político. Es que Maldonado proviene del Partido Demócrata y llegó a ser síndica de la STM luego de que dejara el cargo otro demócrata, Guillermo Mosso, quien había accedido a una banca de diputado en la Legislatura provincial.

El puesto quedó para el PD e incluso Maldonado fue propuesta para integrar la STM por el demócrata Marcos Niven, según indicaron en ese partido. Por entonces, claro está, los demócratas todavía formaban parte de la coalición Cambia Mendoza.

La síndica Maldonado pidió licencia el 13 de este mes, pero en estos días decidió renunciar "por el avance de la investigación federal", señalaron en el Gobierno.

Maldonado está implicada es el segundo juicio por facturas truchas que se realiza en los tribunales federales de Mendoza este año. En junio, al final del primer proceso, fueron condenadas 29 personas por una "megaestafa" contra la AFIP en la que se estimó el fraude en 266 millones de pesos. 

El segundo juicio involucra en maniobras similares a un grupo de contadores liderados por Silvia Gulino y Daniel Cacciavillani, presuntos jefes de una organización delictiva que habría operado entre 2012 y 2018 y que habría generado evasión de impuestos por unos 126 millones de pesos.