La designación del Procurador General de la Nación, un traje a medida

Tristemente el Congreso de la Nación, por decisión del kirchnerismo, propone disminuir la mayoría legislativa requerida para la elección del Procurador General de la Nación.

Lo primero que debemos plantearnos es ¿qué función cumple el Procurador? Definiendo esta pregunta, luego podremos tomar magnitud del tema que nos ponen en agenda.

La respuesta la encontramos en el artículo 120 de la Constitución Nacional, allí se expresa que: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Este artículo fue producto de una amplia discusión y acuerdo de todo el arco político en 1994. Su incorporación a nuestro bloque constitucional fue un avance para la configuración de la República y el fortalecimiento de las instituciones.

Con su carácter constitucional, avanzamos a un sistema acusatorio diferenciando claramente las funciones de acusar -competencia del Ministerio Público Fiscal- de la de juzgar -competencia del Poder Judicial-. Aun así, a 26 años de la reforma constitucional, la Justicia Federal en la Argentina no ha logrado mutar plenamente de sistema.

El paso definitivo al sistema acusatorio lo vamos a dar con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal -CPPF- (Ley Nº 27.063 con las incorporaciones dispuestas por la Ley Nº 27.272 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.482).

Hasta aquí, la importancia institucional de la Procuración General de la Nación, autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal y consecuentemente, máximo responsable de la aplicación del CPPF en todo el territorio argentino.

El proyecto del kirchnerismo no solo busca alterar el espíritu de una institución constitucional, sino que adicionalmente plantea modificar el método vigente para enjuiciar y destituir a los fiscales nacionales y federales.

Actualmente el Tribunal de enjuiciamiento lo integran 7 personas: un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de las universidades nacionales, dos abogados y dos fiscales.

El proyecto mantiene el número del cuerpo, pero cambia su composición, a saber: un representante del Poder Ejecutivo, tres de la Comisión Bicameral (dos de la mayoría y uno de la minoría), uno de las universidades nacionales, un abogado y un fiscal. Y sus mandatos se reducen de 3 a 2 años.

Finalmente, se altera el número requerido para destituir a un fiscal, pasa de 5 votos a solo 4. Como se observa, la reforma -de aprobarse- pone a los fiscales atados de pies y manos a la mayoría política circunstancial y así, tiene un alto impacto negativo en nuestra vida institucional.

Ahora bien: ¿qué significa en términos políticos esta eventual modificación?

En este punto radica la gravedad del asunto. Cabe recordar que, en el año 2015, cuando la entonces vicepresidenta de la Nación presidia el Poder Ejecutivo se sancionó la Ley 27.148 “Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”.

Esta norma en su artículo 11 dispuso: “El Procurador General de la Nación es el jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y es el responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional. Será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes”.

Como se observa, hace 5 años este mismo modelo político entendió que la persona que presida el Ministerio Público Fiscal debía contar con un amplio consenso en el Senado de la Nación. Ahora cambian el relato y se predisponen a modificar esta normativa y con ello atropellar las instituciones, menoscabar la independencia de este órgano y someter a quien sea designado, a las directivas del kirchnerismo y su agenda judicial.

Si esta reforma prospera, será La Cámpora la encargada de aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal, será el kirchnerismo la autoridad que disponga a quien acusar o con quien no hacerlo, finalmente será el oficialismo el encargado de sentar las bases de la política criminal del país.

Me toca afrontar este proyecto como Diputada Nacional, con años de militancia en la Unión Cívica Radical, un partido centenario que se caracteriza por la defensa de la Democracia, la Republica y las Instituciones. En mi rol como legisladora, me posiciono en contra de esta reforma, la transparencia de las instituciones y la independencia de los poderes públicos constituyen pilares básicos de una democracia equilibrada, sólida y previsible.

Claudia Najul

Diputada Nacional

Unión Cívica Radical