Ernesto Sanz denunció un "plan de impunidad y venganza" del kirchnerismo

Según expresó el fundador de Cambiemos Ernesto Sanz, existe un "plan de impunidad y venganza" detrás del proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación. Incluso, enumeró otros pasos que ha dado en ese sentido el gobierno con la instrucción de la vicepresidenta Cristina Krichner.

Por ejemplo, mencionó la decisión que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante en las causas contra exfuncionarios y el ataque directo contra los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. A eso sumó la desnaturalización de la figura del arrepentido como otro antecedente que muestra que existe un objetivo de impunidad detrás de cada iniciativa del gobierno.

"Esto de la Procuración responde a ese plan de quitar del medio a un procurador como es Eduardo Casal porque no responde a las órdenes de Cristina Kirchner”, aseguró Sanz en radio La Red.

El bloque de senadores del oficialismo buscará aprobar esta semana en el recinto de la Cámara alta la propuesta de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación, durante una sesión especial que sería convocada para el viernes.

En los últimos días, el bloque que conduce José Mayans logró unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

El texto propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

También, prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al procurador.