Aborto legal: más derechos, menos penas y un nuevo delito

Aborto legal: más derechos, menos penas y un nuevo delito

Alberto Fernández eligió el proyecto que amplía derechos e incluye al aborto dentro de las prácticas obligatorias. Aunque aliviana penas para los abortos clandestinos, crea un nuevo delito: la negligencia para quienes no asistan a las mujeres que requieran esa práctica. Cómo votarían los mendocinos.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

El presidente Alberto Fernández envió el proyecto para legalizar el aborto en Argentina y tomó la iniciativa que promueve uno de los cambios más profundos. Los matices que se analizaban para tomar el tema como política propia iban desde la legalización y reglamentación, hasta la simple "despenalización". 

El proyecto toma al aborto como un derecho de las personas gestantes, pero hasta las semana 14 de gestación y lo suma al Plan Médico Obligatorio. También modifica el Código Penal para que deje de ser delito y aliviana las penas para los abortos clandestinos. También agrega un nuevo delito: aunque hay cláusula de conciencia para los profesionales de la salud, se crea el delito de negligencia que pena a las personas que obstaculicen un aborto. "Será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”, dice el artículo. 

Justamente el proyecto aclara algo que ya fue motivo de debate cuando se aplicaron las guías para los casos de aborto permitidos en la actualidad: puede haber cláusula de conciencia personal, pero no institucional. Y ante casos de emergencia los profesionales de la salud no podrían negarse a realizar la prestación.

El nuevo enfoque otorga el derecho a interrumpir el embarazo a las personas gestantes hasta la semana 14. Es clave la temporalidad porque es el margen para determinar si un aborto es considerado delito o no. En el caso de las personas menores de edad hay tres categorías. Como ocurre ahora, los embarazos de niñas de menores de 13 años siempre son considerados abusos y el acceso a la interrupción del embarazo debería ser automático. A las personas de entre 13 y 16 años se las considera con la "madurez suficiente" para decidir. Pero incluye una cláusula que obliga a consultar a alguno de los padres cuando la práctica implique algún riesgo para la salud. Allí aparece otra tensión: muchos abusos sexuales se producen en el ámbito intrafamiliar y allí suele generarse un cerco alrededor de la víctima que muchas veces impide el acceso a los sistema de ayuda. Luego de los 16 años no hace falta autorización de nadie más. 

En todos los casos el aborto debería autorizarse por quien se lo realiza de manera explícita y por escrito.

El sistema de salud debería reenfocarse. El aborto pasaría a ser parte del plan médico obligatorio, incluido el tratamiento posterior. 

Código penal

El proyecto oficial despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y aliviana las penas para quienes practiquen abortos clandestinos fuera de la norma. Así, por ejemplo, las personas que practiquen abortos luego del período en que está permitido,y con consentimiento, cometerían un delito cuya pena iría de los 3 meses al año de prisión. Actualmente los abortos clandestinos tienen una pena de hasta cuatro años de prisión. 

Luego de la semana 14 el aborto seguiría siendo legal en los supuestos que hoy ya están contemplados en el Código Penal y en los protocolos de salud. Es decir cuando el embarazo sea producto de una violación o cuando corra peligro la salud de la persona gestante. 

La ley es de orden público. Obviamente modifica códigos y procedimientos y agrega derechos. Por eso no habría opción para los gobernadores: deberían aplicarla. 

Cómo vota cada uno

El Gobierno nacional tiene intención de acelerar el debate y evitar, por ejemplo, la maratón de consultas que ya se hicieron en el Congreso cuando se trató el proyecto durante la gestión de Mauricio Macri. Este año habrá sesiones extraordinarias durante el verano. 

Las especulaciones sobre cómo votará cada uno ya comenzaron. En el caso de Mendoza los 13 votantes (10 diputados y 3 senadores) están divididos. En el Senado Anabel Fernández Sagasti y Pamela Verasay ya votaron a favor de la despenalización. Julio Cobos lo hizo en contra y hasta militó esa postura. En Diputados hay posiciones divididas y hasta recordadas "borocotizaciones", como lo que ocurrió con José Ramón. Los que no cambiarían su voto son el propio Ramón, Luis Petri, Federico Zamarbide y Omar Félix, quienes votarían en contra. A ellos se les sumaría Omar De Marchi, quien también está en contra de la despenalización. A favor ya se pronunciaron Claudia Najul y Marisa Uceda. La radical Jimena Latorre  tenía una posición no definida pero dijo a MDZ (tras haber considerado como oscilante su visión) que antes de tomar una decisión debía conocer el proyecto (ella había propuesto también un referéndum) y Alfredo Cornejo una visión especulativa: plantea hacer un referéndum y aunque ideológicamente está a favor, espera para blanquear su voto. La sorpresa podría ser Alejandro Bermejo, que a diferencia de lo que hizo su hermano analiza el tema y podría votar a favor. 

El proyecto completo

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