Los movimientos que inquietan en la Justicia Federal de Mendoza

Primero fue el proyecto de reforma judicial o, mejor dicho, de ampliación de juzgados penales y cambio de funciones de muchos jueces. Luego vino la sentencia de la Corte que declaró inconstitucional los traslados y limitó el tiempo de permanencia de los jueces que están en esa situación. Esa decisión pasó a relativizar los cargos no refrendados por los canales ordinarios, y solapó las reformas que están en camino. Y el tercer eje de la "revolución" que se vive en Tribunales Federales es, probablemente, la que a nivel operativo más repercusión puede tener: el cambio en la forma de administrar el Ministerio Público Fiscal y particularmente quien conduce a ese organismo, es decir, el Procurador General de la Nación. 

El ala más dura del Gobierno quiere cambiar las mayorías necesarias para nombrar y quitar al "jefe de fiscales". Hoy se necesitan dos tercios de los votos del Senado. Quieren que sea por mayoría. Esa postura tendrá, aparentemente, un aval extra: el comité de expertos convocado por Alberto Fernández para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema avanzó sobre el Ministerio Público Fiscal y propondría los mismo que desean desde el Instituto Patria: que el jefe de fiscales pueda ser nombrado y removido de manera más sencilla y también que su cargo tenga periodicidad. 

No es un enfoque fuera de foco que la política criminal tenga una sinergia con lo que piensan quienes conducen el Gobierno. Pero en Argentina hay un plus: los fiscales y jueces federales tienen más trabajo en causas relacionadas con la propia política (como las causas de corrupción) que sobre delitos que hacen a la seguridad pública. 

El cambio en el Ministerio Público puede tener un impacto más importante en Mendoza. La provincia será, junto con Santa Fe, uno de los distritos donde comenzará a aplicarse el sistema acusatorio en la Justicia Federal. Es un cambio radical que traslada todo el peso de la investigación a los fiscales y deja el rol de control a los jueces. Como ocurre en la justicia ordinaria de la provincia, los fiscales tendrán en primera instancia más importancia que los jueces. La Cámara Federal de Mendoza está a cargo de la planificación del cambio, pero depende de los recursos y la voluntad política.

Movimientos

La Corte creó una categoría dentro de los juzgados que antes estaba implícita: el  "interinato". Todos los jueces federales que cubren vacantes son provisorios. Algo que responde a una lógica obvia, pero que también crea dudas sobre los cimientos del sistema. El ritmo de cobertura de cargos por parte del Consejo de la Magistratura y el poder político no es el mismo que la demanda de respuesta. En el análisis frío del fallo que repuso a los jueces removidos, muchos juristas entienden que la decisión del Tribunal genera un marco de certeza y limita al Poder Ejecutivo para cubrir vacantes mediante traslados. Aunque en el corto plazo genera turbulencias, limita los alcances de maniobras que son extraordinarias. Sin embargo, el sismo interno es mayor. Como ya explicó MDZ, genera dudas sobre la legitimidad de más de 50 jueces que fueron trasladados de esa manera y ahora, ya oficialmente, son "interinos". 

En tribunales federales ya estaban inquietos porque el plan de reforma del Gobierno crea juzgados penales y le quita esas causas a los actuales juzgados "multopropósito". Si prosperara esa idea, los actuales jueces deberán elegir si se quedan donde están, con facultades recortadas, o se mueven a algún juzgado penal. El "interinato" es una categoría no regulada. En la justicia provincial, por ejemplo, sí es más transparente porque hay un reglamento para los conjueces o "jueces suplentes". Se eligen de un padrón de abogados y jueces jubilados. En total hay 16 magistrados suplentes en la justicia provincial. En los tribunales federales hubo hasta hace poco un "suplente" (en el Juzgado Federal 2). Pero hay una larga lista de subrrogancias, vacancias y cruces de cargos. Tanto, que hoy la mayoría de los jueces, fiscales y secretarios tienen algún grado de interrelación. 

El juego de relaciones incomoda cuando aparecen causas calientes, como ocurre con la investigación sobre supuestos favores que se ejecutan a presos federales y donde puede haber funcionarios involucrados. Esa causa pasó de manos porque todos los potenciales investigadores tenían algún grado de relación con los investigados. 

El cambio más grande se daría con la aplicación del sistema acusatorio (siempre y cuando existan los recursos) y si se avanza con la modificación de la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público. Es que allí estará la clave de la administración de justicia; en la "impronta" que le den los procuradores. En Mendoza ocurrió: el cambio que ejecutó el gobierno de Alfredo Cornejo en la ley provincial (junto con los nuevos códigos) y con la designación de Alejandro Gullé fue radical.

El tema es que por el contexto cualquier intento de reforma está teñido por los intereses en juego. La sospecha de la oposición es que detrás del intento de modificación de la ley está la idea de manipular el trabajo de los fiscales y de su jefe, el Procurador. 

Está previsto que esta semana el comité convocado por Alberto Fernández presente sus conclusiones. De ese grupo participa el ministro de la Corte de Mendoza Omar Palermo. En principio no habría sugerencias para ampliar la Corte nacional, pero sí para quitarle tareas y hacer más "ejecutivas" algunas decisiones.