Encumbrado funcionario nacional se suma a un reclamo contra Suarez

Encumbrado funcionario nacional se suma a un reclamo contra Suarez

Este martes el gobierno nacional oficializó la designación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, como miembro del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. El funcionario se sumó a una acción contra una ley mendocina.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Un funcionario del gobierno nacional se sumó como Amicus Curiae en una acción de inconstitucionalidad contra una ley provincial sancionada durante el gobierno de Rodolfo Suarez. Se trata del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien este martes fue designado por Alberto Fernández como miembro del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh).

La semana pasada se conoció que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó en la Corte para respaldar la acción iniciada por Xumek y el Comité Provincial de Prevención contra la ley 9253 sancionada este año en la Legislatura de Mendoza. La misma modifica la ley 8284, la cual creaba la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En concreto, modifica la composición del Comité y desde distintas ONG aseguran que la nueva conformación no garantiza la representación de organizaciones civiles.

"Se incorporan a dependencias del Poder Ejecutivo en el comité y se le quita representación a las organizaciones civiles de Derechos Humanos. De esta manera pierde el sentido el comité porque pasa a ser el Estado el que controla al Estado", explicó el abogado Fernando Peñaloza en representación de Xumek.

Ese comité, que aborda el tratamiento de todos los contextos de encierro de la provincia y las situaciones de malos tratos que se dan en los mismos, pasaría a estar conformado -casi en su totalidad- por representantes del Estado. Específicamente, se presentó un pedido de inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 9253 que establece como se conformará a partir de ahora el Comité.

"El Comité Local para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes estará integrado por un (1) miembro que represente el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, un (1) miembro que represente la Dirección de Derechos Humanos o área equivalente del Poder Ejecutivo, un (1) miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza, un (1) representante por parte de Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen actividad de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y de prevención de la tortura con sede en el Gran Mendoza y un (1) representante por parte de Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen actividad de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y de prevención de la tortura con sede en el resto de la Provincia", establece la nueva ley.

Desde las ONG también han pedido la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 9253 que establece la forma de elección del Procurador de las Personas Privadas de la Libertad.

Horacio Pietragalla Corti.

Lo llamativo es que desde el Gobierno nacional de Alberto Fernández tomaron posición al respecto y el secretario de Derechos Humanos se presentó como Amicus Curiae en la causa. Según esgrimen, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un interés legítimo ya que tiene entre sus funciones  "el seguimiento sobre el cumplimiento de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general".

Pero desde Xumek además destacan que es un hecho relevante ante un eventual fallo adverso de la Suprema Corte hacia el reclamo. "Suponiendo que la ley 9253 se confirme, Xumek va a llevar el reclamo al sistema interamericano y con esto el Estado argentino está fijando una postura respecto al tema", manifestó Peñaloza.

 

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