La advertencia de Fiscalía de Estado al Gobierno por los subsidios a empresas privadas

En agosto de este año, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, en la Fiscalía de Estado ingresó un denuncia en contra de la Dirección General de Escuelas (DGE). Allí se pedía que se investigara los subsidios que el Gobierno le estaba dando a los colegios privados como por ejemplo el ICEI. 

Sin embargo, la denuncia fue archivada porque la Fiscalía no detectó irregularidades. Ahora, lo que le pidió al Gobierno de Mendoza fue que el Estado no ponga más plata en escuelas que sean consideradas una empresa, es decir, que no sean fundaciones sin fines de lucro.

Se trata de una cuestión legal donde sugieren que la empresa privada no termine ganando con el subsidio que pone el Estado, que supuestamente iría para el salario de los trabajadores, pero en algunos casos es una ganancia para el privado.

Entre los aspectos que aclaran la Ley Nº6.970 de Educación Pública Provincial que se deben tener en cuenta para otorgar aportes a los establecimiento educativos de gestión privada, es que los mismos sean entidades sin fines de lucro y que el aporte del Estado debe ser para el pago del personal docente.

Por ejemplo y el caso que llegó a manos de Fiscalía de Estado, el Instituto Cuyano de Educación Integral (ICEI), está constituido como una Sociedad Anónima, las cuales por definición tienen como finalidad obtener beneficios económicos para sus accionistas (art. 1º Ley 19.550), es decir, tienen fines de lucro.

"Si bien esta sola situación coloca al Instituto ICEI en transgresión con lo dispuesto en la normativa, no pude dejar de considerarse lo informado al respecto por la Dirección General de Escuelas en donde se aclara que la Institución de referencia, como muchas otras del sistema educativo provincial, es una Institución transferida desde el ámbito nacional como consecuencia de la Ley Nº 24.049 (promulgada en el año 1991), en cuyo marco se celebró entre la Provincia y el Estado Nacional el 'Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Mendoza', ratificado por la Ley Provincial N° 5.896 (promulgada en el año 1992)", señala el organismo.

Por eso el ICEI continuó recibiendo los aportes estatales, que dejaron de ser nacionales y pasaron a ser provinciales. "Recién en el año 2002 fue promulgada la Ley de educación pública provincial actualmente vigente (Ley nº 6.970) y en el año 2005 su Decreto Reglamentario nº 2633/05. Surge de este cuadro legal que el aporte que percibe el Instituto ICEI no fue otorgado en infracción a la Legislación actualmente vigente, sino simplemente mantenido conforme lo percibía previamente a la sanción de esta Ley, en virtud de lo prescripto por la Ley Nacional Nº 24.049 y Ley Provincial Nº 5.896. Es por lo expuesto que no se advierte desde esta óptica la irregularidad en el otorgamiento de los aportes efectuados hasta la fecha al Instituto ICEI", culmina.

Finalmente, recomienda que la DGE debería emitir una Resolución de carácter general intimando a todos los establecimientos que se encuentren en esta situación a que en un plazo prudencial "se adecúen a lo exigido por la norma en su artículo 99º inc f y artículo 4º del Decreto 2633/05 reconvirtiéndose en entidades sin fines de lucro, bajo apercibimiento de quedar excluidas del aporte estatal".