La negociación por Portezuelo, por ahora en manos de los gobernadores

La negociación por Portezuelo, por ahora en manos de los gobernadores

Mendoza está buscando un acuerdo con Rio Negro y con Neuquén, que le permita destrabar el conflicto en el COIRCO antes de que Alberto Fernández defina la continuidad o no de la obra. El 28 de este mes, la Nación deberá desembolsar U$S 30 millones y el proceso no entrará en una definición hasta abril

Marcelo Arce

Marcelo Arce

El futuro de la obra Portezuelo del Viento está, en esta instancia del complejo proceso, en manos de un par gobernadores más que del presidente Alberto Fernández. El gobierno de Rodolfo Suarez llevó el martes a Buenos Aires una pila de documentación que incluyó un mamotreto de 72 biblioratos con antecedentes y estudios técnicos ya realizados sobre el proyecto durante los últimos años, que tienen fundamentalmente  como destinatarios a la mandataria de Rio Negro, Arabela Carreras, y al neuquino Omar Gutiérrez.

Con ellos, Mendoza ya tiene avanzada una negociación para intentar que voten favorablemente por la continuidad de la obra en el Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO), paso previo a lo que será el laudo presidencial definitorio que no tiene fecha establecida todavía.

Suarez se reunió con Alberto hace dos días en Buenos Aires en el marco de los cortocircuitos por el manejo de la pandemia, pero no pudo recoger demasiadas señales acerca cuál será el futuro de este emprendimiento que se transformó en el único de envergadura que tiene previsto desarrollar la provincia por un largo tiempo.

Alguna cosas sí ya se saben. Mientras negocia con Río Negro y La Pampa, en simultáneo existe confianza en que la Casa Rosada cumplirá con el quinto desembolso que está pautado para financiar la construcción del dique en Malargüe, cuyo vencimiento operará en días nada más: el próximo 28 de octubre la Nación deberá depositar U$S 30 millones.

Y como parte de la estrategia que se diseñó, también se avanzará con el proceso licitatorio que está en marcha y que tiene a un único oferente compuesto por la UTE que conforman la empresa china Sinohydro, IMPSA, Obras Andinas y Ceosa. El objetivo del gobierno siempre fue llegar a la etapa de adjudicación antes de fin de año, pero ya es un hecho que eso no ocurrirá. El proceso no entrará en la etapa de definiciones antes de abril de 2021 y además deberá aguardar por la decisión del presidente. ¿Podrá Mendoza adjudicar sin esperar por esta definición? No tiene impedimentos jurídicos para hacerlo, aunque se enfrenta al riesgo de firmar un contrato con privados y que después se le retire el financiamiento si la Nación así termina determinando.

Suarez y el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, presentaron en el ministerio del Interior la documentación completa de los estudios de impacto ambiental realizados por las universidades de La Plata, del Litoral, de Cuyo, y la UTN en los últimos años, que avalaron técnicamente la realización de la obra. Además de las once cajas que llevaron con papeles, dejaron un pendrive para que cada gobernador integrante del Coirco tenga acceso a esa misma información.

Desde algunos meses ya, Mendoza viene analizando una propuesta de la provincia de Río Negro, como integrante del COIRCO, que fue respaldada por Neuquén y que se presentó como un posible camino de acuerdo. Técnicamente, lo que aportaron los rionegrinos es saltar por encima de la Ley de Obras Hídricas de la Nación, cuya aplicación en el expediente reclama La Pampa, lo que le evitaría a nuestra provincia sujetarse a leyes nacionales cuando el proyecto es meramente provincial.

Eso permitiría acelerar el proceso para la realización de nuevos estudios de impacto ambiental que los pampeanos reclaman, aunque desde acá los dan por cumplidos. Además los patagónicos proponen que el COIRCO tenga facultades para sancionar a Mendoza en caso de incumplimientos.

La negociación está avanzada, pero lejos de un acuerdo todavía y existirían dos trabas. Una de ellas es que Río Negro pretende que no se adjudique Portezuelo hasta que se haya alcanzado un acuerdo total y el otro punto, el clave en esta negociación, es que lo que se presentaron hasta ahora son solo “alternativas” que no están escritas en un papel y que no se saben jurídicamente de qué manera se van a terminar implementando.

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