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El apriete encubierto de Alberto Fernández a la Corte en el coloquio de IDEA

Alberto Fernández opinó sobre la Justicia y defendió la reforma judicial asegurando que lo que busca es brindar "seguridad jurídica". Sin embargo, dejó un mensaje claro y rotundo para Carlos Rosenkrantz y el resto de los jueces que deben resolver el per saltum de los magistrados que trasladó Macri.

Mariano Bustos
Mariano Bustos miércoles, 14 de octubre de 2020 · 12:30 hs
El apriete encubierto de Alberto Fernández a la Corte en el coloquio de IDEA

En su disertación durante la apertura del Coloquio de IDEA, el presidente Alberto Fernández habló sobre diferentes temas. Además de referirse a la situación económica y a la inestabilidad del mercado de divisas, el jefe del Ejecutivo dedicó un pasaje a la necesidad de avanzar con la reforma judicial. Pero además, le metió presión a la Corte Suprema en lo que respecta a la resolución del per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

"Que pensarían ustedes si las vacantes las cubro con jueces amigos míos cambiándolos de tribunal. ¿Eso es una mejor justicia? eso es lo que nos pasó y se hizo con el silencio cómplice de muchos. Si yo fuese un sinvergüenza hubiese aprovechado esos precedentes y me quedaba callado. Pero no creo en eso", remarcó el presidente al defender la reforma judicial.

De esta manera, le tiró la pelota al máximo tribunal de Justicia, que debe expedirse respecto a la legalidad del traslado de esos tres magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri. "Las batallas son mostradas como irracionales, pero lo irracional es seguir con las malas prácticas. Lo más imperdonable es que la justicia legitime las malas prácticas. Ahí quedamos en el peor de los males", aseveró sin sutilezas.

"La seguridad jurídica exige de jueces probos y dignos. Y esos jueces tienen que dar concurso de oposición, de antecedentes, contar con acuerdo del Senado y ser designados por el Ejecutivo. Cuando eso no pasa, la dignidad está puesta en tela de juicio", afirmó frente a los empresarios que seguían el discurso de forma virtual.

"El sistema judicial sufre. Claro que sufre. Soy alguien que cree en la democracia y el sistema republicano. Por eso exijo que las instituciones se construyen en función de las pautas que la Constitución Nacional fija", sentenció marcando la cancha de cara a la resolución que debe emanar en los próximos días del máximo tribunal.

"Nos preocupó que la argentina tenga una calidad institucional que ha perdido. Cuando planteamos ciertas cosas vinculadas a la justicia y calidad institucional no lo hacemos para buscar impunidad ni beneficiarnos con eso. Lo hacemos para recuperar una justicia que se ha perdido", agregó.

Un tema sensible

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi  integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py  y durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que actúa como primera instancia de revisión de causas por corrupción, narcotráfico y trata de personas. En tanto, el juez Germán Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, hacia el Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el kirchnerismo esos traslados eran irregulares, por lo que el Senado votó para que volvieran a sus tribunales de origen. Así lo dispuso también, por decreto, el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, aceptó el per saltum presentado por los magistrados y esgrimió que   "la cuestión a decidir no se reduce únicamente a si un determinado traslado de jueces resulta constitucionalmente válido o no".

 "Fundamentalmente esta causa también versa acerca de la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo por el cual un importante número de jueces, quienes cuentan con acuerdo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la Nación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos periodos de tiempo", señala el magistrado dando a entender que "es una causa en la que podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta".

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