El Tribunal de Cuentas puso bajo la lupa a clubes de El Carrizal

Un fallo del Tribunal de Cuentas pone en el centro de la escena la falta de controles sobre muchos los clubes que funcionan en El Carrizal. En concreto, el órgano de control detectó multas impagas, obras sin autorización, usurpación de terrenos fiscales, problemas de papeles e incluso ventas de predios estatales. El informe complica principalmente al club El Pelícano y el organismo advierte que las irregularidades pueden haber "devenido en ilícitos que podrían acarrear consecuencias penales".

En base a esa situación, el Tribunal de Cuentas resolvió poner al tanto de la situación a la Secretaría de Ambiente y a Fiscalía de Estado para que tomen cartas en el asunto y evalúen un posible perjuicio al Estado. Desde la Dirección de Recursos Naturales explicaron que hace dos años detectaron que la comisión directiva hizo un bono contribución y que el premio que sorteaban era un terreno fiscal. "Eso disparó la notificación a las autoridades además de las denuncias presentadas por socios contra la comisión directiva", explicó Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales.

Entre las irregularidades, el Tribunal de Cuentas menciona multas y hasta la venta de terrenos de propiedad del Estado "siendo causales de la caducidad de la concesión". A eso agregan que la Dirección de Personas Jurídicas expresó que esa asociación "se encuentra administrativamente irregular" y que socios del club El Pelícano han realizado denuncias contra sus autoridades por irregularidades en el uso del predio.

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En el Tribunal de Cuentas  pidieron explicaciones a Ambiente para saber "qué medidas se tomaron para proteger el patrimonio de dominio público, ante las denuncias recibidas y posibles ventas de terrenos de los cuales la Dirección de Recursos Naturales tenía pleno conocimiento". En realidad las operaciones datan de hace tiempo pero el órgano de control sostiene que la Dirección de Recursos Naturales"no ha podido demostrar acciones legales efectuadas contra el concesionario para exigirle el cumplimiento de los términos de la concesión". "No se aporta prueba documental que justifique medidas tomadas para proteger el dominio público; los expedientes que se acompañan como prueba no evidencian ningún avance, ni tampoco un análisis de la procedencia o no de la pérdida de la concesión", sostiene el informe. 

"No han explicado con prueba documental cuál es el fundamento legal por el que a la fecha se mantiene la concesión del club de Pesca, Caza y Náutica, El Pelícano. Las denuncias efectuadas por socios del club resultan de entidad suficiente para que la repartición tome medidas concretas para determinar la responsabilidad del concesionario", concluyen sobre ese tema en particular y corren vista a Fiscalía de estado para que tome cartas en el asunto.

Al respecto, el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor, aseguró que se han notificado todas las irregularidades detectadas ante Fiscalía de Estado y la DPJ inclusive el aumento del tamaño del club. "El Pelícano ha avanzado sobre hectáreas que no corresponden y tienen más de las cinco hectáreas que determina la concesión", sostuvo el funcionario. En este sentido, aseguró que están reuniendo toda la información solicitada por la DPJ y trabajan en un proceso de reordenamiento de todos los clubes de la zona.

"Lo que hemos hecho es relevar todo lo que está en el perilago para que se respete la legislación vigente. Hemos ido trabajando con municipios para mejorar la situación legal de los clubes pero sobre todo mejorar la prestación de servicios. Anualmente van unos 300 mil mendocinos al Carrizal", concluyó.

Otros clubes flojos de papeles

Algo similar ocurre con la concesión otorgada a la Asociación de Entidades Sociales de la Policía de Mendoza (ASESPOM). En ese caso también se observaron multas, faltas graves y ventas de terrenos del Estado, pero la diferencia es que la asociación fue clausuarada y luego de ello se dio inicio a la "gestión de su ordenamiento debido al cambio de su comisión directiva". 

Mientras tanto, al Puerto Carrizal El Barco le observaron la existencia del emprendimiento sin autorización para el uso de terrenos públicos, lo que lo convierte en un asentamiento ilegal. Esa situación ya había sido advertida ante Fiscalía de Estado en 2018, por lo que el Tribunal de Cuentas le aconsejó a las autoridades de la Dirección de Recursos Naturales que cumplan los procedimientos iniciados para poder llegar a una resolución del conflicto.

Lo mismo con el Club Leonardo Murialdo y la usurpación de terrenos del Estado. "De la respuesta aportada por los responsables surge que se encuentran realizando acciones para sanear la irregularidad expuesta. “En la actualidad se trabaja en el tema, ya se han recibido para su revisión casi 30 contratos (son aproximadamente 186 parcelas). Resta asimismo, planos de las construcciones existentes en todo el terreno a efectos de proceder a su blanqueo”, sostienen desde Recursos Naturales  y el Tribunal de Cuentas les pidió continuar con las acciones pertinentes a fin de exigir al concesionario el cumplimiento de lo asumido al momento de otorgarle la concesión.

Por último, el fallo ordena regularizar la situación del club AMSA, cuyo contrato ha caducado pero la gestión para hacer efectiva esa caducidad quedó incompleta.