Tras la polémica, piden una ley para regular los salarios de Irrigación

Pese a que hace dos años que es superintendente del Departamento General de Irrigación, la indignación social que causó la viralización de la nómina salarial de funcionarios políticos del DGI parece haber generado un "clic" en Sergio Marinelli. Luego de que MDZ publicara que Marinelli y otros 26 funcionarios cobraban igual o más que el gobernador Alfredo Cornejo, el responsable de Irrigación pidió que se sancione una ley que regule un tope salarial para el ente autárquico.

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"Me reuní con Alfredo Cornejo y le pedí que envíe un proyecto de ley para que el Superintendente y Consejeros de Irrigación se adecuen a la ley de Sueldos 8727 y su modificatoria, sin perjuicio de la autonomía del DGI", publicó Marinelli en sus redes sociales.

De esta manera, intenta dar por terminada la polémica que se generó entre los regantes al saber que por mes Irrigación gasta 5.3 millones de pesos solo en el sueldo de 27 funcionarios. El génesis del problema es el elevado salario del propio Marinelli, del cual se desprenden el del resto de sus empleados políticos. En bruto, Marinelli le cuesta al DGI 238 mil pesos por mes, es decir unos 35 mil pesos más que lo que percibe en bruto Alfredo Cornejo. 

A lo largo de los años eso ha generado una distorsión salarial que llevó a que directores con poca trayectoria en materia hídrica, como el ex asesor de la senadora Pamela Verasay Marco Fagioli, cobren solo 3000 pesos menos que el gobernador de la provincia. Incluso, a que el salario de la Coordinadora de Prensa y Comunicación del DGI, Delia Segura, tenga un sueldo similar al de un ministro con un bruto de 176 mil pesos mensuales en junio.

Según explicó Marinelli a MDZ, en las últimos días tomaron nota de la situación y evaluaron la posibilidad de firmar una resolución interna para cambiar la fórmula para determinar la composición salarial. Sin embargo, ayer Marinelli determinó que el mejor camino era sanciona una ley que adecue Irrigación a la Ley de Sueldos. "Con una ley se fijaría tope a mi sueldo y el resto de los salarios son porcentualmente inferiores", señaló. En este sentido, destacó que al darle fuerza de ley se evita que el próximo superintendente pueda volver a cambiar la fórmula por resolución.

Además, Marinelli pidió que quede claro que los números que se han difundido son de los salarios en bruto y no lo que finalmente perciben de bolsillo. "Todos van a quedar por debajo del salario mío y del gobernador. Desde hace rato estamos reformulando el organigrama para adaptarlo a los procesos y que sea más flexible", adhirió el funcionario.

"Con el proyecto de ley atacamos el fondo de la cuestión", concluyó Marinelli. Ahora, habrá que esperar que el proyecto llegue a la Legislatura y que la oposición acompañe en su tratamiento. Sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los consejeros y subdelegados provienen del PJ y también verían sus sueldos afectados.