Los contratos petroleros basura que siguen generando problemas

Mendoza es una provincia que intenta ser petrolera, pero en ese camino ha tenido varios tropiezos. Uno de los principales fueron los contratos basura que se firmaron con empresas que prometieron inversiones fantasiosas y, por supuesto, no cumplieron. Esos negocios, tóxicos para el Estado mendocino, siguen generando problemas y acumulando causas judiciales.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, con las empresas Chañares Herrados y también con Oil. Ambas incumplieron las promesas de inversión y ahora el propio Estado debe hacerle frente a las contingencias. El gobernador Alfredo Cornejo firmó el Decreto para dar por caducada la concesión petrolera a Chañares Herrados (a cargo de la empresa Medanito) por los reiterados incumplimientos. Se trata de un área que está en producción y que también es un símbolo de frustración para el actual Gobierno. Es que los problemas con Chañares comenzaron antes, cuando se le prorrogó la concesión por 10 años tras las promesas de inversiones exorbitantes. La empresa no cumplió, pero el Ejecutivo decidió perdonar a la empresa y darle “otra oportunidad”. Pues tampoco cumplieron el nuevo plan de inversiones acordado con el gobierno de Cornejo y por eso decidieron la caducidad, luego de cumplidos los 60 días de mora.

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El tema no termina ahí. Como es un área en producción, la empresa seguirá explotándola hasta que se consiga una nueva empresa que se haga cargo. Hasta entonces, Chañares (Medanito) seguirá en el lugar. Pero para peor, Medanito anunció que iniciará acciones legales contra Mendoza por la decisión. “Habiendo tomado conocimiento de lo antedicho, la Sociedad y CHASA se encuentran evaluando las acciones legales a seguir a fin de proteger (SIC) adecuadamente sus derechos”, anunció la empresa ante la Comisión Nacional de Valores. Es decir, más problemas. El área en cuestión estaba en “combo” con Puesto Pozo Cercado, que también que caducada y vuelta a adjudicar a otra empresa. Ambas fueron parte de cruces de sociedades confusas que, incluso, formaron parte de una causa judicial.

El otro contrato “tóxico” que sigue con una trabazón judicial y administrativa es el que unía al Estado mendocino con la empresa Oil, de Cristóbal López, por el área Río Atuel. Esa empresa había presentado una oferta por la cual luego desistió. Como compensación, debía hacer frente a la garantía de la oferta, que era igual a U$S 716.750. Por supuesto, no pagó. Y la ejecución que intentó hacer el Estado, se judicializó. La semana pasada una Cámara Civil ratificó el fallo que le da la razón al Gobierno y que obliga a pagar esa suma de dinero a la empresa.

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La empresa de Cristóbal López tuvo un incumplimiento completo. Es que en la licitación original, adjudicada en 2008, se hizo cargo del área Río Diamante, donde también incumplió. Justamente el inicio de la mayoría de los problemas con los contratos petroleros fue esa licitación, donde hubo irregularidades diversas. Primero, se exceptuó del límite de adjudicaciones por empresa (que era de 5) para beneficiar al grupo liderado por José Luis Manzano. Luego no hubo controles de cumplimiento de inversiones y se permitieron transacciones inmobiliarias con las concesiones. Y la mayoría terminaron con sanciones, caducidades y cero inversiones.