La CGT dialoga con el Gobierno para renovar el plan antidespidos
La central obrera busca extender el programa que venció el pasado 31 de marzo. La medida determinaba que los empleadores debían avisar sobre las desvinculaciones que dispusieran al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días hábiles de anticipación.
En medio del conflicto con Hugo Moyano y los gremios alineados con el jefe de Camioneros, la CGT negocia con el Gobierno la extensión del "plan antidespidos", que venció el pasado 31 de marzo. El programa determinaba que los empleadores debían avisar sobre las desvinculaciones que dispusieran al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días hábiles de anticipación.
Los sindicatos menos confrontativos con el Gobierno -que hicieron su propio paro durante el feriado, desmarcándose de Moyano y sus aliados- quieren además implementar cambios en el programa, ya que advirtieron sobre dificultades en su aplicación y detectaron que durante el plazo que tuvo vigencia no disminuyó el desempleo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante febrero se registraron 252.500 empleados menos que en el mismo mes del año pasado.
Los gremios de la CGT apuestan a la "gobernabilidad" en medio de la crisis económica y la volatilidad del dólar. Del otro lado, desde el Ejecutivo, las negociaciones están en manos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de su par bonaerense, Marcelo Villegas.
En paralelo, los gremios dialoguistas avanzan en las negociaciones paritarias con el Ejecutivo. Entre los planes se encuentra la habilitación de acuerdos trimestrales o semestrales y la incorporación de pagos no remunerativos, según indica La Nación.
La medida de fuerza dispuesta por Moyano generó una dura interna en la central obrera entre quienes apuestan a las negociaciones y al diálogo con la administración de Mauricio Macri y quienes exigen un endurecimiento de las posiciones.
Para alivio del Gobierno, los líderes de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, no impulsan un paro general por el momento. Esto se debe a que consideran que una medida de fuerza no tendrá correlato en la política económica y además influye el peso que tienen los descuentos que se les hacen a los empleados que no van a trabajar.
A principios del mes pasado, además, el Ejecutivo tuvo dos gestos con los gremios. Engrosó los fondos que les otorga a las obras sociales, al aumentarlos en $13.000 millones. Asimismo, creó la Agencia de Tecnología Médica, un organismo que le permitirá a los sindicatos bajar la cantidad de amparos judiciales a la cobertura de servicios médicos que no estén incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
