Bono y “colchón” legal antidespidos: empresas al ring

Los empresarios -sobre todo las Pymes, que atraviesan momentos dramáticos- se encuentran con la sorpresa de fin de año de tener que afrontar un plus de $5.000, lo que, al implementarse por decreto, puede derivar en un reclamo legal por el patrimonio afectado. La buena para “la patronal”: se apela a conciliaciones en lugar de doble indemnización.

Cristian Avanzini

Bono y “colchón” legal antidespidos: empresas al ring

Bono y “colchón” legal antidespidos: empresas al ring

La promulgación de un decreto “antidespidos” era una línea que el gobierno de Mauricio Macri no estaba dispuesto a cruzar; eso está claro. Sin embargo la presión sindical que logró el bono cuasi universal de $5.000 para fin de año fue más allá y logró que el Ejecutivo dijera al menos “algo” respecto de los puestos de trabajo ante el panorama económico complicado que, justamente, derivó en el plus que ahora deberán afrontar las empresas.

En su artículo 6º, el decreto dispone que hasta el 31 de marzo del año que viene los empleadores estarán obligados a preavisar al ministerio de Producción y Trabajo sobre cualquier despido injustificado 10 días hábiles antes de hacerse efectivo.

El texto tiene, al menos, dos lecturas, según cómo se lo analice. La intervención del Gobierno ante situaciones de desvinculaciones infundadas puede verse como un gesto hacia gremios que exigían directamente una norma antidespidos. Sin embargo en las líneas siguientes la iniciativa queda más como una acción de marketing ante el reclamo sindical en particular y de los trabajadores en general que una medida efectiva para evitar telegramas masivos.

Puntualmente el decreto dice que, una vez anticipada la desvinculación, el ministerio de Producción y Trabajo “de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente a fin de celebrar (…) las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará acabo la futura extinción laboral”.

Bajo la lupa legal, eso significa lisa y llanamente que el despido se hará efectivo, según lo comenta Juan Manuel Alvarado, abogado penalista miembro de la comisión especializada del área en el Colegio de Abogados de Mendoza.

Según el letrado, la instancia favorecería indirectamente al empleador, ya que ante la urgencia económica del trabajador, las audiencias servirían simplemente para negociar una indemnización sin llegar a una instancia judicial. 

Por ello, si bien se podría pensar que muchas empresas apelarían a planteos de inconstitucionalidad contra el artículo, ya que cambiaría las reglas de juego sobre una norma jurídica superior como es la Ley de Contratos de Trabajo, Alvarado cree que esto es improbable ya que no se trata de una “ley antidespidos” que prevea doble indemnización u otras condiciones desfavorables para la empresa. Estima, en cambio, que hay detrás de la norma un “efecto marketinero” y una eventual solución en el caso de despidos masivos.

En el escenario actual, las Pymes ven pasar el “artículo 6” ya que no están en condiciones de afrontar los costos de indemnizaciones ni de resignar los recursos destinados a la capacitación de su personal en el caso de las empresas más pequeñas.


¿Y si mañana te obligan a pagar $10.000?

Asfixiadas por la presión impositiva y un persistente escenario recesivo al que se suman costos en alza por tarifazos e inflación, las Pymes se encuentran este fin de año con que deben pagar un bono de $5.000 a sus empleados. Ni el monto ni la posibilidad de afrontar el compromiso fue tema de consulta para estas empresas en el acuerdo entre el Gobierno y la CGT, y podría valerle presentaciones judiciales al Ejecutivo, según el abogado Alvarado.

En esta parte del decreto, entonces, estarían en situación de defenderse dentro del ring virtual planteado. “El decreto puede reglar alguna conducta porque es de necesidad y urgencia; pero la ley de Contratos de Trabajo es de orden público, un escalón más abajo de la Constitución, entonces no puede modificarla de ninguna manera”, comenta. 

Además la norma promulgada por el Gobierno “afecta al derecho de propiedad y las reglas de juego”. “No es lo mismo una paritaria, que implica un proceso de negociación, a que te digan de repente que tenés que desembolsar $5.000; ¿y si el día de mañana al Gobierno y los sindicatos se les ocurre arreglar un bono de $50.000?”, plantea, y agrega: “Es inconstitucional que te obliguen a pagar el bono de $5.000 porque es ir contra tu patrimonio”.

Ahora bien, el decreto en cuestión incluye un supuesto salvoconducto para empresas en una situación complicada. Las "actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" podrán "adecuar la implementación" de los "plazos y montos" del bono. Esto quiere decir que podrán pagar una cifra menor y en más cuotas, según el texto.

Sin embargo en la interpretación del abogado, es “muy complicado” para una firma acogerse a esta situación si se le plantean los mismos requisitos que en un procedimiento preventivo de crisis, por ejemplo. “Para acceder a esta figura la empresa debe demostrar que su situación es producto de un contexto macroeconómico determinado y decisiones ajenas y no de la propia administración de la firma, lo cual implica un costo político inmenso para quien debe admitir la crisis como resultado de una gestión pública”, reflexiona Alvarado. Para graficarlo, expone que en Mendoza solo se han otorgado “una o dos” de estas excepciones en los últimos 20 años.
 

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