Fraude y negligencia: las pruebas para reclamar $21 millones por el ECA

Fraude y negligencia: las pruebas para reclamar $21 millones por el ECA

El Fiscal de Estado denunció que los dueños de la empresa Dela, contratada para arreglar el ECA y causante del incendio, ejecutaron maniobras para vaciar la empresa y no hacerse cargo. Por eso pide que ellos paguen. Los antecedentes de una empresa cuestionada. 

Distintos nombres, actividades diversas. Pero los mismos dueños y las mismas trampas. Detrás de la empresa que fue causante directa del incendio del Espacio Contemporáneo de Arte hay una trama que el propio fiscal de Estado Fernando Simón calificó como fraudulenta en la demanda que presentó por daños y perjuicios. Es que los dueños Dela SA usó varios ardides para gastar menos, eludir responsabilidades y enriquecerse. La trama toma más cuerpo con los antecedentes: Alejandro Balegno y Ana Laura Torrisi (titulares de Dela) son también propietarios de Masterful, la empresa de limpieza acusada de sobrefacturar millones en el Casino de Mendoza.  

Lo curioso es que esa firma ya tenía fuertes cuestionamientos por ese obrar durante la gestión anterior. Sin embargo con el cambio de gobierno, y con investigaciones en marcha, los dueños de la empresa volvieron a ser contratados por el Estado. Incluso a través de otras empresas participaron de más licitaciones durante la gestión Cornejo. 

La combinación fue tremenda: sospechas de un fraude empresario con negligencia estatal. 

“Un elemento contundente que acredita la conducta fraudulenta de los co demandados es el análisis del Patrimonio de DELA S.A. y el Patrimonio de los Sres. Balegno y Torrisi. Es lo que se conoce en la práctica como “sociedad pobre vs. socios ricos”, describe el Fiscal en la demanda. “El nivel de vida del Sr. Balegno y la Sra. Torrisi no se condice con la situación económica y financiera de su humilde sociedad Dela S.A.”, agrega. Como ejemplo del modo de vida de los acusados menciona que son parte del club de motos Harley Davidson, viven en un exclusivo barrio privado y son propietarios de varios automotores.

Como adelantó MDZ, el Fiscal de Estado presentó una demanda por daños y perjuicios contra los empresarios y funcionarios que tuvieron alguna responsabilidad en el incendio de la cúpula del ECA en enero del 2017. El Fiscal reclama que los denunciados, entre ellos el secretario de Cultura Diego Gareca, se hagan cargo de los 21 millones de pesos que costó la limpieza y la reparación del ECA. En el caso de los funcionarios, se acusa la negligencia y en particular haber adjudicado un servicio distinto al licitado: por precaución las reparaciones debían hacerse en frío, pero se contrató a una empresa que hizo los trabajos con fuego. Las consecuencias fueron nefastas.

El incendio dejó al descubierto la trama de irregularidades de la empresa y el aval de Cultura.

La empresa nunca contrató un Seguro de Responsabilidad Civil como se exigía, ni depositó la Garantía de Adjudicación. Menos tenía regularizado a sus empleados. Tan irregular parece la licitación de la reparación del ECA que los dueños de Dela contrataron como empleado para ejecutar los arreglos a uno de sus competidores en ese concurso. La empresa se quedó sin “papeles” porque curiosamente se robaron los libros societarios, justo luego del incendio.

En la demanda se menciona que Balegno y Torrisi se enriquecieron usando como escudo a las empresas que eran contratistas del Estado. Y por eso el Fiscal de Estado pide que los dueños sean quienes respondan con su patrimonio por el daño causado. 

En el fuero penal había una causa que nunca prosperó, a pesar de las pruebas. Los peritajes realizados por los Bomberos (que determinaron que el fuego se causó por el uso de elementos combustibles en la reparación), sumados a los datos surgidos de los expedientes administrativos probaron la negligencia.

¿Quién debe pagar?

La causa aún no tuvo movimientos en el primer juzgado de gestión asociada, a cargo de la jueza María Paz Gallardo. Según el nuevo Código Procesal Civil, debe haber una audiencia inicial donde puede buscarse una conciliación y se presentan los elementos de prueba a incorporar. También deben ser orales las audiencias finales.

Antes la jueza debe determinar si la causa tiene cuerpo. No es un dato intrascendente que el denunciante sea el propio Estado. En caso de progresar, también de debe determinar la carga de culpas que, en el caso de una demanda por daños y perjuicios se mide en dinero. Justamente el monto de la demanda, que en principio es por 21 millones de pesos, podría cambiar. A esa cifra se llega sumando los 3.821.979 de pesos que costó el plan de contingencia tras el incendio y los 17.563.921 de pesos que indica el presupuesto de la reparación de la cúpula. Sin embargo los costos de la obra podrían ser mayores y el Fiscal de Estado dejó un apartado para sumar también las posibles indemnizaciones a los artistas cuyas obras se vieron afectadas. Tampoco se contemplaron los daños subjetivos, como el valor patrimonial del edificio del ECA. 

En el Gobierno  la situación de Diego Gareca es vulnerable. La demanda no lo afecta en lo político porque no es penal. Pero sí genera desgaste y, en caso de prosperar, el funcionario debe responder con su patrimonio. No hay antecedentes similares en la historia reciente de Mendoza, donde algún integrante del Gobierno sea demandado económicamente por negligencia.

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