Cambiemos promueve la extinción de dominio en Córdoba

Cambiemos promueve la extinción de dominio en Córdoba

Los fundamentos de la iniciativa contienen analogías con respecto al que comenzará a tratarse desde mañana en una comisión bicameral del Congreso Nacional.

El legislador provincial del radicalismo (Cambiemos) y precandidato a intendente por la ciudad de Córdoba, Javier Bee Sellares, ingresó hoy a la Legislatura unicameral un proyecto de ley para que en la provincia se aplique el régimen de extinción de los bienes provenientes de delitos.

Los fundamentos de la iniciativa contienen analogías con respecto al que comenzará a tratarse desde mañana en una comisión bicameral del Congreso Nacional.

La iniciativa parlamentaria de Bee Sellares, que cuenta con el respaldo del bloque de Cambiemos, establece la creación de una Oficina Fiscal de Extinción de Dominio, a favor del Estado Provincial, que tendrá facultades para realizar investigaciones de oficio.

Esta instancia también podrá colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de delitos contra los bienes públicos enumerados en el Código Penal.

La extinción de dominio es un término utilizado para referirse a una forma en la que el Estado se apropia de los bienes de una persona obtenidos de forma ilícita y relacionados con un delito.

En ese sentido lo que plantea el proyecto es extender a la provincia el margen de acción, ya que el decreto nacional aplica la nueva figura de la extinción de dominio solo en las causas federales en Córdoba, sostiene el texto.

El legislador también observó que en Argentina existen instrumentos que apuntan al mismo fin, como el artículo 23 del Código Penal, que contempla la figura del decomiso (tanto de los instrumentos del delito como de la ganancia y el beneficio económico); pero en general esta figura se aplica solo cuando la persona ya está condenada, es decir a posterior del debido proceso.

Añade que ese marco jurídico genera una ineficacia por parte de la justicia sumado a que los tiempos procesales en torno a la materia son muy largos, llegando a tardar alrededor de 15 años en concretarse una sentencia definitiva, por lo tanto considera que a través de una nueva legislación “es posible aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a la sanción del decreto nacional” y de esa manera “incautar los bienes producto del delito”.

“El ideal de una sociedad es lograr una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente e independiente. Creemos firmemente que el régimen de extinción de dominio en el marco de un proceso civil autónomo, apunta justamente a lograr ese objetivo”, destaca en sus fundamentos Bee Sellares.

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