Qué significa que la 7722 vuelva a tener plena vigencia

Qué significa que la 7722 vuelva a tener plena vigencia

La ley 7722 volverá a tener vigencia como hasta hace una semana y esperan que el trámite sea rápido. La ley prohíbe el uso de sustancias tóxicas, pero solo en la minería y evita sumar presión sobre ese recurso. Los dos proyectos mineros que lograron superar ese tamiz.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

La Legislatura trabajará de manera acelerada hoy. Tan rápido como en la previa a la Navidad, pero en sentido inverso: Diputados y Senadores sesionarán para derogar la ley 9209, la norma que modificó la 7722 para  permitir la minería metalífera y que desató una reacción pocas veces vista de la gente en Mendoza.

El gobernador Rodolfo Suarez se resignó y ante la presión el viernes pasado anunció que pediría la derogación, trámite que se cumplirá hoy en sesiones especiales.

En el oficialismo buscan que el trámite pase rápido, con perfil bajo y tratar de cambiar de tema. Sin embargo puertas adentro las repercusiones se sienten por los costos políticos que los partidos y los dirigentes pagaron por las idas y vueltas.

La derogación de la ley, que fue la primera medida de gobierno de Suarez, dejará la situación como estaba hasta el 21 de diciembre. La ley 7722 quedará plenamente vigente y por lo tanto volverán las restricciones para la minería metalífera y las prohibiciones para el uso de algunas sustancias tóxicas, pero exclusivamente en esa actividad.

La 7722 es una norma que no regula el uso del recurso hídrico, ni extiende sus alcances más allá de la minería. Por eso la repercusión de la norma es acotada.  Es decir, es una ley  que evita aumentar la presión sobre el recurso hídrico al introducir otra actividad extractiva que compita con el resto. Pero no tiene impacto sobre otras actividades industriales y extractivas. En los hechos restringe fuertemente la minería a cielo abierto, de yacimientos de metales diseminados, que usan para su explotación sustancias químicas.

Las claves

Los dos cambios más importantes que se introdujeron y serán revertidos tienen que ver con el uso de sustancias y el control político para los proyectos mineros. El artículo 1 de la ley 7722 “original” es el que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, y “otras sustancias tóxicas” en la minería.

El artículo 3 es otro de los puntos clave: obliga a que cualquier proyecto minero deba pasar un tamiz político en la Legislatura. Para avanzar las empresas necesitan que el Gobierno apruebe una Declaración de Impacto Ambiental, donde se determinan los métodos de trabajo, los riesgos ambientales, los impactos que tendrá y cómo lo sanearán. La ley 5961 regula el impacto ambiental. Pero la 7722 le agrega un plus a la minería: la Declaración de Impacto Ambiental de esos proyectos debe tener ratificación legislativa. Esto incluye a todos los procesos; desde la exploración, hasta la explotación.

Las dos minas aprobadas

El único proyecto minero que pasó todos los filtros fue Hierro Indio. En octubre fue aprobado el proyecto de exploración, que se realizará en Malargüe. El otro que llegó al recinto legislativo con la 7722 vigente fue San Jorge, que buscaba explotar un yacimiento de cobre en Uspallata. Pero fue bochado por la Legislatura, también en el marco de un fuerte rechazo social.

Hay otra excepción. La 7722 no incluye en su alcance al proceso de remediación de pasivos ambientales producidos por la minería. Por eso hay un “proceso minero” autorizado sin esa ley. Es lo que ocurre en Sierra Pintada, la mina de uranio de San Rafael que había sido abandonada y que ahora se está remediando. Parte de ese trabajo se debe hacer emulando el proceso minero que se usaba en la explotación.

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